El conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, afirmó hoy que la orden de derribo de una urbanización a pie de playa en O Grove (Pontevedra) recibirá "el mismo trato" por parte de la Administración gallega que el resto de las emitidas por la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) y garantizó que este organismo "actuó y va a seguir actuando para el cumplimiento de la legalidad sin ningún tipo de condicionante".

En respuesta a preguntas de los periodistas tras hacer balance de su primer año como conselleiro, Hernández insistió en que esta orden —que obliga a demoler las 52 viviendas de la urbanización de Raeiros y contra la que cabe recurso— forma parte de la "actuación urbanística normal y habitual" de la Axencia Urbanística y señaló que "seguirá su curso".

La construcción fue considerada ilegal por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y ahora la APLU ordena su derribo, en una orden emitida cuando todavía estaba al frente su anterior responsable, Hipólito Pérez.

Ahora mismo "lo que hay es una orden de derribo", expuso el conselleiro, que aclaró que el procedimiento normal es que el propietario o promotor la ejecute y que, si no lo hace, "hay un mecanismo de multas coercitivas y, en último caso, una actuación subsidiaria por parte de la administración".

La licencia supramunicipal para levantar las edificaciones, en San Vicente do Mar, fue concedida en su día por el entonces conselleiro Xosé Cuíña y preveía la construcción de apartahoteles, pero la promotora —Inproin Galicia S.L.— hizo chalés adosados. La empresa constituyó una sociedad civil que incluía como socios a los 52 propietarios, entre los que se encuentra el actual conselleiro de Cultura, Roberto Varela.

"El derribo tendrá el mismo tratamiento que cualquier otro derribo derivado de las resoluciones de la Axencia Urbanística", reiteró el responsable de Territorio, que defendió que este organismo dependiente de la Xunta "actúa para el cumplimiento de la legalidad" y que lo hace "sin ningún tipo de condicionante".

"las leyes son para cumplir"

"Lo que todos debemos tener claro es que las leyes son para cumplir", dijo Hernández, que consideró que, si se ejecuta el derribo, "lógicamente es un ejemplo para que nadie haga actuaciones que estén fuera de la normativa". En cualquier caso, defendió el derecho que tienen "todos los ciudadanos de defender su actuación", en alusión a que la promotora puede presentar un recurso contra la resolución de la APLU.

El conselleiro rechazó hacer consideraciones respecto a si es posible que se ejecute el derribo antes de que se resuelvan los recursos contenciosos. "Es aventurado hacer previsiones sobre lo que pasará", señaló e insistió en que la Xunta actuará "con los mismos plazos y formas de proceder que en el resto de expedientes".

Preguntado acerca de si respalda esta decisión de la Axencia Urbanística, afirmó que "las actuaciones de la administración son de las administraciones, no de las personas".

Por último, Hernández dijo desconocer si el alcalde de O Grove pidió entrevistarse con él por este u otro motivo, aunque manifestó que no tendría "ningún inconveniente" en recibirlo.