Así se establece en una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), conocida hoy, que resuelve la reclamación de los padres de la pequeña, que tenía 22 meses cuando ocurrieron los hechos, en el año 2005.

Los padres reclamaban a la Administración una indemnización de un millón de euros y que costeara todos los gastos futuros por el tratamiento médico y rehabilitador de la niña en centros públicos o privados, tanto de España como del extranjero, así como otros gastos para su atención y para eliminación de barreras arquitectónicas.

Achacaban las secuelas de la niña a un diagnóstico tardío de la diabetes y a que, en su opinión, no fue tratada con todos los medios necesarios. Sanidad, en cambio, alegaba que no hubo retraso en el diagnóstico y que se dispensó a la niña el tratamiento adecuado.

La sentencia cree que no hubo fallos en el tratamiento y reconoce que la atención prestada a la menor tras detectarse la diabetes fue "continuada y adecuada", pero subraya que hubo un "retraso" en el diagnóstico y condena al Gobierno a indemnizar a la familia.

Ahora bien, sólo estima parcialmente la reclamación. Así, acuerda una indemnización de 400.000 euros y dice que no procede "de momento" pronunciarse sobre el pago de tratamientos futuros, puesto que por ahora la menor está siendo atendida por la sanidad pública.

(((Seguirá ampliación)))