Formar parte de este convenio permitiría a Aragón recibir, inicialmente, un millón de euros que se destinaría, principalmente, a la digitalización y modernización de las salas de vista, la implantación de tecnologías de la información y la comunicación en la administración de Justicia o la modernización del registro civil, ha informado el Gobierno de Aragón en un comunicado.

Las mismas fuentes han trasladado que ha sido el consejero de Política Territorial, Justicia e Interior de Aragón, Rogelio Silva, quien ha mostrado el interés de Aragón en este programa, con motivo de la firma del convenio entre los ministros de Justicia, Francisco Caamaño, y de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, que se ha llevado a cabo en Madrid.

Silva ha comentado que a Aragón le interesa "conseguir los máximo recursos posibles para continuar en la línea de trabajar en la administración electrónica, un trabajo en el que tenemos experiencia desde la administración local".

Ccaa con competencias en justicia

En otro orden de cosas, el consejero Silva ha asistido, junto con el resto de diez Comunidades autónomas con las competencias en Administración de Justicia transferidas, a una reunión con el ministro de Justicia.

En ella, las Comunidades le han trasladado a Caamaño la necesidad "de ser escuchadas y de contar con ellas" en todos los cambios y proyectos que se están llevando a cabo para modernizar la Administración de Justicia, han precisado desde el Ejecutivo aragonés.

El encuentro también ha permitido trasladar al ministro las conclusiones adoptadas en el encuentro de la Comisión de Coordinación, que se celebró el pasado mes de enero en Pamplona.

En dicho foro, las Comunidades manifestaron su deseo de avanzar "profundamente" en la reforma de la Administración de Justicia desde la "coordinación y colaboración" con el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial.

Junto a Aragón, han asistido a esta reunión Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, Madrid, País Vasco, Navarra y Valencia.MODERNIZACIÓN

Rogelio Silva ha explicado antes de la reunión que las Comunidades "apuestan claramente por la modernización de la Justicia" y así se lo han trasladado al ministerio. Caamaño, según ha desvelado el consejero, "ha reconocido que existe falta de consenso político en algunos proyectos, lo que está retrasando su puesta en marcha".

Entre las cuestiones que le han trasladado al ministro, destaca la petición de un traspaso real de las competencias de ejecución y gestión en materia de personal al servicio de la Administración de Justicia, respetando el carácter nacional de estos funcionarios.

También han demandado unificar criterios a la hora de elaborar la relación de puestos de trabajo de la Nueva Oficina Judicial, cuya reforma procesal entrará en vigor el próximo mes de mayo.

Respecto a la Nueva Oficina Judicial, han reclamado un "adecuado despliegue" de los Servicios Comunes Procesales y de las Unidades Procesales de Apoyo Directo, "para que estén correctamente diseñadas".

Asimismo, han pedido que se les informe y poder participar en todo aquello que incida en la modernización de este servicio público "con el objetivo de beneficiar al destinatario final de la Justicia, el ciudadano".

Participar en futuras leyes

Las Comunidades autónomas con competencias en Administración de Justicia han insistido en la necesidad de que el ministerio haga partícipes a las Comunidades autónomas en la elaboración de futuras leyes que les afecten, como las de Registro Civil y Demarcación y Planta Judicial, han agregado desde el Gobierno aragonés.

Al respecto, el consejero Silva ha vuelto a trasladar al Ministerio de Justicia su petición de que se tenga en cuenta la organización territorial de Aragón en comarcas a la hora de reformar la Ley de Demarcación y Planta Judicial.

Según ha señalado, la Comunidad autónoma aragonesa "tiene la obligación, recogida en la Ley de Demarcación Comarcal de adaptar todos los servicios públicos al mapa comarcal y por lo tanto la Administración de Justicia es uno de ellos y se debe hacer".

Además, las once Comunidades autónomas han solicitado al ministerio que impulse la reforma de la Ley de la asistencia jurídica gratuita, una prestación con la que se garantiza la igualdad de los más desfavorecidos en el acceso a la tutela judicial efectiva.

En este sentido, las Comunidades autónomas ha manifestado su "firme compromiso" con el derecho de la asistencia jurídica gratuita y han evidenciado "el esfuerzo presupuestario que se hace en este sentido".