CCOO de Extremadura mostró hoy su rechazo a la intención del Gobierno de reducir la presencia política en los consejos de administración de las cajas de ahorro porque lo que se pretende es "limitar" el negocio de estas entidades "para beneficiar a la banca privada".

"Detrás de estas actuaciones hay un intento serio del Gobierno por transferir el control de las cajas de ahorro a intereses no sociales ni públicos y de ceder parte de su negocio a la banca privada", sentencia CCOO de Extremadura en un comunicado de prensa.

El sindicato explica que se "opone frontalmente a la intención de la ministra de Economía del Gobierno socialista, Elena Salgado, de que las cajas de ahorro pierdan la representación social y política en su dirección".

Para el secretario general de CCOO de Extremadura, Julián Carretero, "es imprescindible mantener en estos momentos la naturaleza jurídica de las cajas para que éstas sigan atendiendo a criterios sociales y económicos". Además, reclama que la reforma del sistema financiero "ponga a éste al servicio de la sociedad y facilite que el crédito fluya a la economía para lograr volver a crear empleo".

Según Julián Carretero, "la senda por la que se está deslizando el Gobierno con respecto a las cajas de ahorro es muy peligrosa". "Primero con sus reticencias a legislar sobre los SIP, bajo cuya fórmula se están integrando las cajas españolas en una clara amenaza a que se produzca una privatización encubierta, y ahora con la intención declarada de eliminar los cargos electos en los consejos de administración", puntualiza el dirigente sindical.

CCOO considera, por tanto, "totalmente incomprensible que una ministra socialista abrace criterios tan liberales y capitalistas en esta cuestión después de ver que han sido precisamente las políticas liberales y la falta de control sobre las entidades financieras las principales causantes de la crisis económica".

Para este sindicato "el camino emprendido por el Partido Socialista en el Gobierno de la mano de su ministra de Economía, Elena Salgado, tiene el peligroso precedente del que ya inició en su momento el ministro Solchaga, con resultados muy negativos para la banca pública".