La Región de Murcia ha registrado uno de los mayores descensos en licitación de obra pública de todo el país en el año 2009, con un 10,6 por ciento menos que en el año anterior, lo que se traduce en una inversión de 881,74 millones de euros, de los que 80 son de la administración central, 329 de la autonómica, 464 de ayuntamientos y una pequeña partida de 9 millones de otros organismos e instituciones.

Así se desprende de un informe de la Cámara de Contratistas de Obra Pública de la Región, presentado por su presidente, Luis Fernández y su secretario general, José María Riquelme, quienes afirmaron en rueda de prensa que el Estado invirtió un 85,3 por ciento menos que en 2008, la Comunidad Autónoma un 57,6% más y los ayuntamientos un 101% más, "aunque el grueso de esta inversión se corresponde con los fondos aportados por el Gobierno central con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local".

Estas cifras, advirtió Fernández, "nos sentimos defraudados, pues el conjunto de las administraciones no han sido capaces de articular un sistema de inversiones públicas que paliara las graves consecuencias de la crisis económica".

"Mucho nos tememos que de no mejorar sustancialmente la capacidad de generación de ingresos de las administraciones como consecuencia de la falta de medidas de apoyo a las empresas, 2010 puede ser otro año catastrófico para la obra pública, con un descenso del 4% en lo que respecta a inversiones de no conseguirse recursos extraordinarios, independientemente de planes coyunturales como el segundo Plan E", añadió.PLAN E,

"buena idea,

Pero instrumentalizada"

Fernández considera que el Fondo Estatal para la Sostenibilidad Local y el Empleo "es una buena idea que está siendo mal instrumentalizada por la inconcreción del pliego tipo elaborado para servir de guía en las licitaciones, permitiendo que cada ayuntamiento interprete a su manera las condiciones de licitación, generando gran inseguridad jurídica a las empresas".

Además, señaló, "debemos ser muy críticos con lo establecido en el Real Decreto, que promueve las bajas en las adjudicaciones para obtener recursos extraordinarios destinados a suministros y pago de impuestos".

De lo que se trata, "no tanto de generar grandes proyectos, sino obra pública, es decir, que haya continuidad en la inversión, capaz de permitir a todas las empresas del sector mantener sus plantillas laborales —unos 25.000 trabajadores—, que atraviesan una dura situación".

Por lo que respecta a las formas de adjudicación, apuntó, en la Región de Murcia se sigue apostando mayoritariamente por el criterio único del precio, "sistema en el que se prima la rebaja que el licitador está dispuesto a realizar con respecto al precio de salida de la obra, y no por concurso, en el que también se valoran la experiencia, los medios técnicos y humanos con los que cuenta la empresa e incluso las mejoras que ésta puede aportar al pliego de condiciones", explicó Fernández.

A su juicio, este sistema "propicia que se incurra en bajas de precio temerarias que a la larga, lejos de suponer un ahorro de costes económicos para la administración licitante, incrementan los mismos, recurriendo a modificaciones en el contrato y suponiendo, por este concepto, dilaciones en la conclusión de las obras".

"También el consiguiente coste de impacto social que supone el retraso de la puesta en marcha de obras civiles y edificaciones destinadas al uso de la población; asimismo, para las empresas que están manteniendo sus plantillas de trabajo supone una situación especialmente gravosa, pues las perspectivas de ingresos por adjudicaciones se ven mermadas en función de las rebajas en el precio", añadió.

El presidente de la Cámara de Contratistas de Obra Pública destacó que el criterio único de precio "perjudica" a las empresas regionales "ya que no pueden competir en el plano económico, pues el mayor volumen de obra en las grandes empresas permite compensar las pérdidas

en las que puedan incurrir en obras más pequeñas".

Varios criterios de adjudicación y alta morosidad

En este sentido, Fernández demandó a los representantes de las administraciones públicas que el sistema de adjudicación por varios criterios sea de uso preferente, ya que el criterio único de precio "ha llevado a que se den obras con bajas de hasta el 40 y el 50 por ciento, se traduce en obras sin terminar, paralizaciones, modificaciones en el proyecto, hospitales que no abren o carreteras que no se terminan".

Lo que, según los contratistas, "permitiría consolidar el tejido empresarial regional en el que las empresas mejoren sus sistemas productivos, creando más empleo y de mayor calidad y contribuyendo en mayor medida con sus impuestos al mantenimiento de las inversiones públicas".

En cuanto a la morosidad, aseguraron que pese a que la Comunidad Autónoma había cumplido generalmente el plazo de 60 días para pagar los trabajos contratados, ahora está tardando algunos meses más en pagar y denunciaron que hay casos de ayuntamientos que llevan más de año y medio para ello, "lo que genera un trastorno tremendo en las tesorerías de las empresas".

En este sentido, la Cámara de Contratistas cifró la deuda del conjunto de las Administraciones del Estado en el sector de la construcción en algo más de 25.000 millones de euros.

Así pidieron a las entidades financieras y las administraciones que se conviertan en un revulsivo "y no una rémora" para este sector. Para ello, explicó la Cámara, las primeras han de revisar sus criterios de financiación, atendiendo a las carteras de pedidos y licitaciones concedidas como suficiente garantía de reembolso.

Según los contratistas, los ayuntamientos deben conseguir capacidad de endeudamiento para responder "prontamente" a sus compromisos de pago y la Administración regional "procurar rediseñar una estrategia inversora que beneficie más a las empresas de tipo medio y pequeñas con proyectos adecuados a la capacidad financiera de las entidades murcianas".

Mientras el Ministerio de Fomento debe intentar que los planes de infraestructuras "beneficien a la totalidad de empresas del sector, y aclarar las partidas presupuestarias para su puesta en marcha".

Atendiendo a la "importancia" que la obra pública tiene en el sector de construcción y de la economía en general, la Cámara de Contratistas de Obra Pública de Murcia apeló al conjunto de empresas "para que continúen siendo absolutamente rigurosas en el cumplimiento de todas sus obligaciones, sobre todo las relativas a prevención de riesgos laborales y a las que se derivan de la Ley de Subcontratación en Construcción, con el fin de conseguir cada vez mejores resultados en la lucha contra la siniestralidad laboral".

Al tiempo que incidió en la participación de empresas murcianas en obras importantes como la construcción del aeropuerto "debería ser mayor", aunque, lamentó, "hay veces que no se consigue".

"los datos no invitan al optimismo"

Los datos actuales "no invitan al optimismo". Según el presidente Luis Fernández, "la inversión pública va a seguir decreciendo, con lo que los problemas de las empresas aumentan, y se traduce en más despidos y el cierre de más empresas".

"De momento, no atinamos a ver la luz, pues en 2008 fuimos la CC.AA en la que más decreció la inversión pública, 2009 ha sido un año malo en general y en 2010, si no varía, seguiremos el mismo camino", concluyeron los contratistas.

La Cámara, con 78 asociados, ha notado entre un 10 y un 15 por ciento menos de asociados desde que comenzó la crisis en el año 2007.

Está previsto que esta tarde, a las 19.00 horas, se celebre la Asamblea General de la Cámara en el salón de actos de la planta baja de la Croem.