La Audiencia Provincial de A Coruña aplazó hoy hasta el 3 de mayo el juicio contra Marcos G.G, de 32 años, asesino confeso del conocido como 'crimen de Monelos', ocurrido en julio de 2008 en este barrio coruñés. La falta de un suplente para constituir el jurado popular impidió que la vista oral comenzase hoy como estaba previsto.

El ministerio público pide para Marcos G.G, de 32 años, penas que suman 17 años de prisión por los delitos de asesinato, tenencia ilícita de armas y contra la seguridad vial. Marcos G.G reconoció ante el juez, tras su detención, ser el autor de la muerte de su vecino, José M.H., de 50 años, en el Camino de la Iglesia en el barrio de Monelos.

En su calificación provisional, el fiscal sostiene que sobre las 14.00 horas del 16 de julio de 2008 el acusado se percató de la presencia de su vecino, con cuya familia mantenía disputas la del procesado, por lo que detuvo el vehículo en el que circulaba, se apeó de él y cogió del maletero una escopeta, a nombre de su hermano y que poseía en su domicilio "a pesar de carecer de licencia de armas que lo amparase", señala en su escrito.

Asimismo, afirma que el procesado se aproximó "y cuando estaba a una distancia de un metro, de forma totalmente inesperada, sin realizarle ninguna advertencia, y sin mediar palabra, le disparó, al menos dos veces". Uno de los disparos le alcanzó el tórax provocando a la víctima heridas que afectaron a órganos vitales.

El fiscal sostiene que en la noche del 15 al 16 de julio el acusado "bebió una cantidad no determinada de bebidas alcohólicas que afectaron a sus facultades de percepción y reacción" y afirma también que estuvo conduciendo por diversas calles de A Coruña pese a la ingestión de bebidas alcohólicas.

Asimismo, indica que el procesado "tiene rasgos compatibles con un trastorno límite y disocial de personalidad que por sí sólo no afecta a sus facultades psíquicas superiores", aunque considera que "disminuyen de forma leve cuando se ingiere alcohol".

El ministerio público solicita 16 años de prisión por un delito de asesinato, otros ocho meses de prisión por tenencia ilícita de armas y cuatro meses por un delito contra la seguridad vial. Además, reclama una indemnización de 103.000 euros para la familia de la víctima. La acusación particular eleva la petición a 20 años de prisión y la defensa reclama que se tenga en cuenta como atenuantes los problemas psíquicos del acusado y el consumo de drogas.