Alcalde de Barakaldo deniega la solicitud de una Junta de Portavoces para analizar el informe del TVCP sobre el CIS

Se basa en un informe del secretario que dice que los asuntos propuestos son competencia de la Comisión de Acción Social o Hacienda

El alcalde de Barakaldo (Bizkaia), Tontxu Rodríguez, ha decidido denegar la solicitud de una convocatoria de Junta de Portavoces realizada por PNV, PP y EB para analizar el informe del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas sobre el contrato de gestión del Centro de Integración Sociocultural (CIS) y el centro de día de La Paz, después de conocer el contenido de un informe del secretario municipal, en el que se indica que la petición "no cumple ninguno de los requisitos legales para que se tome en consideración", informó el Gobierno municipal.

En un comunicado, el equipo de Gobierno del PSE-EE señaló que, entre otras cosas, el informe que recomienda rechazar la convocatoria determina que los asuntos del orden del día ya formaron parte el pasado jueves 15 de abril de la Comisión Informativa de Acción Social, uno de los órganos competentes.

Según precisó, en su argumentación, el secretario municipal expone hasta cinco razones diferentes para denegar la Junta de Portavoces. La primera es que "la Junta de Portavoces (...) es un órgano consultivo y colaborador del alcalde (...) y no por tanto un órgano al servicio de los grupos políticos o de cualesquiera concejales, ni tan siguiera para su intervención en general en los distintos ámbitos de actuación de la gestión en los que el Ayuntamiento está obligado o pueda intervenir". Además, añade que "todas sus funciones (...) se enmarcan en el ámbito de las relaciones político- organizativas (...)".

Asimismo, precisa que el Reglamento Orgánico Municipal (ROM) recoge, en cualquier caso, que "como excepción", la Junta se encargaría de tratar "aquellos asuntos de carácter general y de interés para el municipio que no tengan encaje en el resto de la organización municipal". "Esto último no ocurre en el caso de la solicitud de PNV, PP y EB, porque los asuntos propuestos son competencia de las Comisiones Informativas de Acción Social o Hacienda", remarca.

El informe considera, asimismo, que "la convocatoria de la Junta poco tiene que ver con los fines genéricos de consulta o colaboración que el Reglamento Orgánico Municipal (ROM) confiere a este órgano" y argumenta como motivo que el Ayuntamiento y la gestión municipal "es dirigida por el alcalde 'per se' o a través de la Junta de Gobierno o el Pleno".

Además, el informe observa que la solicitud de Junta de Portavoces ha sido realizada "por tres portavoces que no representan a la mayoría de concejales que componen la Corporación".

Sobre los asuntos a tratar en la convocatoria, el secretario municipal constata que la Comisión Informativa de Acción Social ya celebró el pasado jueves 15 de abril una sesión "con un orden del día relacionado con el citado informe del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, a instancia de los mismos portavoces". Por tanto, concluye que "ninguno de los tres puntos que constan en la solicitud de la Junta de Portavoces tiene sentido".

En ese sentido, destaca que, incluso, el tercer punto del orden del día -la remisión de la documentación aportada al Fiscal del Tribunal de Cuentas de España- "parece superponerse a las atribuciones de los restantes órganos municipales de carácter decisorio, resolviendo actuar en nombre del Ayuntamiento ante terceros".

Algo que, según el secretario municipal, "contradice las funciones más excepcionales atribuidas a este órgano, que en todo caso sólo llegan a su remisión a los restantes órganos municipales".

"intención propagandística"

El equipo de Gobierno precisó que el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP), en cualquier caso, ya se encarga de enviar al Fiscal del Tribunal de Cuentas de España toda la información que obra en su poder sobre los informes que emite para que éste compruebe "si existen indicios de responsabilidad contable". "Es decir, llegado el caso dicho organismo actúa de oficio y así queda atestiguado en los estatutos del TVCP", subrayó.

Por ello, el equipo de Gobierno socialista consideró que "queda en evidencia que la amenaza" de la portavoz del PNV, Amaia del Campo, de enviar a Madrid toda la documentación posible para que la examine "tenía una intención propagandística al carecer de soporte jurídico alguno".

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