Tres años después de que el juez instructor de la causa, Miguel Ángel del Arco, paralizara las obras del edificio —que han sido autorizadas puntualmente por razones de seguridad— comenzará la vista a las 9,00 horas en una de las salas de mayores dimensiones en el edificio judicial de La Caleta, según informaron a Europa Press fuentes judiciales.

El encargado de enjuiciar el caso será el titular del Juzgado de lo Penal 3 de Granada, Antonio Aguilera, quien desde mañana y a lo largo de 19 días, en fechas alternativas hasta el próximo 27 de mayo, oirá la declaración de los imputados y los peritos citados para determinar una posible responsabilidad penal en uno de los juicios más prolongados en el tiempo de la reciente historia judicial de la provincia y de los que más expectación mediática han generado.

La Fiscalía acusa además al promotor de la construcción, Tomás Olivo —también imputado en el 'caso Malaya'—, a cuatro concejales de la corporación armillera, a un abogado, una letrada de Diputación y dos arquitectos más. A Morales Cara y Cañavate los considera autores de dos delitos contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación y en su modalidad prevista para funcionarios públicos miembros de órganos colegiados y de otro de infidelidad en la custodia de documentos públicos, según consta en el escrito de conclusiones provisionales, al que tuvo acceso Europa Press.

Al promotor lo considera el Ministerio Público autor de un delito contra la ordenación del territorio, y de otro de desobediencia grave a la autoridad judicial, por los que solicita dos años y dos meses de cárcel, multa de 10.800 euros y dos años de inhabilitación; mientras que a los cuatro ediles que formaron parte de la Junta de Gobierno Local que aprobó el plan parcial de los terrenos se enfrentan a una petición fiscal de ocho años de inhabilitación por el delito contra la ordenación del territorio en su modalidad prevista para funcionarios públicos miembros de órganos colegiados. Para los restantes acusados, el fiscal pide ocho años de inhabilitación por el delito contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación.

Demolición "completa,

íntegra y total"

Además de las penas solicitadas, la Fiscalía fue más allá en su petición inicial y consideró necesaria la demolición "completa, íntegra y total" de lo construido, que debería incluir además los accesorios, entendiendo por éstos hasta las obras de cimentación soterradas y plataformas y viales sobre rasante, "hasta reponer el terreno edificado o construido en todo su perímetro a su realidad física primigenia". Precisa sin embargo que sólo cabría la posibilidad de demolición parcial de lo construido si la opción se orientara a la creación de un "verdadero anillo verde" entre el Centro Comercial y las viviendas colindantes.

Será en la mercantil 'General de Galerías Comerciales S.A.', promotora del edificio, en la que deberá además, según entiende el fiscal, recaer la condena en lo tocante a tal reparación, con declaración expresa como posible responsable civil directa, a los efectos de imputársele, en su caso, la ejecución forzosa de la misma repercutiendo la exacción a su costa de las obras de derribo y retirada de materiales, respondiendo subsidiariamente de dicha reparación civil, el coacusado Tomás Olivo López, en tanto representante legal de la misma, y con su patrimonio privativo.

En el caso están además personados, entre otras partes, el PP, que en un primer momento eximió de responsabilidad penal a Olivo y a cuatro personas más, pero que se adhirió después a la petición del fiscal, o Los Verdes, que ha solicitado para los imputados penas de hasta cuatro años de prisión y seis de inhabilitación.

El asunto fue además llevado por la Junta de Andalucía a la jurisdicción contencioso-administrativa, y en abril de 2009, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de Granada decidió no anular la licencia de obras para la construcción del Nevada que otorgó a la empresa Galerías Comerciales S.A. el 30 de septiembre de 2005 el Ayuntamiento de Armilla (Granada), administración que sin embargo "tiene obligación" de revisar de oficio esa concesión, tal y como se plasmó en el fallo.

Desde entonces, el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y el promotor han intentado alcanzar una solución extrajudicial al Centro Comercial, que supondría un "motor de desarrollo y de generación de empleo" para el área metropolitana, tal y como señaló recientemente a Europa Press el actual alcalde del municipio granadino, Gerardo Sánchez, quien ve "totalmente viable" su apertura, siempre dentro de la legalidad.