Mañana se juzga a una abogada acusada de estafar a ciudadanos extranjeros en situación irregular en Toledo

Mañana martes, día 20, se juzgará en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo a una mujer acusada de un delito de estafa continuado y otro de tenencia de útiles para la falsificación, cometido en su condición de letrada del Colegio de Abogados de Toledo, durante los años 2003 y 2004, contra ciudadanos extranjeros.

Según la calificación de los hechos del Ministerio Público, a la que ha tenido acceso Europa Press, la mujer se comprometió a gestionar las solicitudes de permiso y trabajo de diversos ciudadanos extranjeros que se encontraban en situación irregular en España a cambio de determinadas cantidades de dinero.

No obstante, la acusada no presentó dichas solicitudes en la Oficina de Extranjería, por lo que no se tramitaron los expedientes de concesión de permiso de trabajo y residencia de los ciudadanos extranjeros.

En concreto, la imputada recibió en diciembre de 2003 la cantidad de 1.800 euros de un ciudadano de Blangladesh, confeccionándole por ello una solicitud de permiso de residencia y trabajo, creyendo aquél que tal documento era suficiente para regularizar su situación en España.

También en abril de 2004 recibió varios pagos de otro ciudadano de la misma nacional para que le tramitase la solicitud de reagrupación familiar de su esposa y cuatro hijos, sin que la acusada realizase ningún trámite en tal sentido.

En otras ocasiones, entregaba a los ciudadanos extranjeros, fotocopias de impresos de solicitud de permiso de residencia y ofertas de empleo en las que figuraba un sello, que había sido obtenido mediante fotocopia y posterior recorte del sello original de la Oficina de Extranjeros de Toledo.

El Fiscal pide para la acusada cuatro años de prisión por el primer delito, con la inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión durante el tiempo de la condena, y el pago de una multa de 3.000 euros, además de dos años de prisión por el delito de tenencia de útiles para la falsificación, y la inhabilitación para el ejercicio durante el tiempo de condena, además de otros 3.000 euros de multa.

Igualmente, la acusada deberá indemnizar a los ciudadanos extranjeros que le dieron dinero en las mencionadas cantidades.

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