En declaraciones a Europa Press, García calificó de "incongruente" que, pese a que el PSOE aprobó esta proposición no de Ley en la comisión de Educación, ahora sea el titular de la Consejería, Francisco Álvarez de la Chica, "quien sorprenda a todos afirmando que modificarlo es problemático".

Por ello, el diputado de IU se mostró "muy sorprendido" ante tales declaraciones del consejero y consideró que "la Junta está política y moralmente obligada a cumplir lo aprobado en el Parlamento".

Además, según explicó, la baremación para las bonificaciones no se realiza hasta "pasado el proceso de escolarización, por lo que la Consejería tiene tiempo suficiente para modificar este aspecto y que, ya para el próximo curso, se fije como base la renta de 2009 y no la de 2008" ya que "puede pasar que alguien haya hecho la declaración de 2008 normal y ahora en 2010 esté sin trabajo e incluso sin ingresos, lo cual es más grave".

Por otro lado, García también lamentó que, precisamente cuando "más castigan el desempleo y la crisis, la Junta haya decidido subir más que nunca los comedores y, encima, disminuyan las bonificaciones". "Eso no es forma de ayudar a las familias andaluzas que lo están pasando mal", recalcó.

La proposición no de ley

La proposición no de Ley a la que García hizo referencia se aprobó el pasado 25 de febrero de 2010 y, en ella, el Parlamento instaba a la Consejería de Educación a introducir las "modificaciones necesarias" para que la aplicación de las bonificaciones en los precios públicos de los servicios de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares se realizara "sobre la evaluación de los ingresos familiares del año inmediatamente anterior, permitiendo la presentación de la autoliquidación correspondiente en el centro, tras la finalización del plazo de presentación de la misma ante las Delegaciones de Hacienda".

Asimismo, se aprobó la modificación de la normativa vigente "en lo relativo a la justificación de los ingresos familiares para familias en claro riesgo de exclusión social o con ingresos inferiores al 20 por ciento del límite establecido", en el sentido de admitir, como alternativa a la autoliquidación del IRPF, la "oportuna certificación del organismo competente de la Junta de Andalucía o de los servicios sociales municipales".