Gran parte del interrogatorio de hoy del fiscal Anticorrupción, Francisco Jiménez Villarejo, en el juicio por el caso 'Minutas', giró sobre el informe de alegaciones al anteproyecto de fiscalización del periodo 1990-1999, haciendo una comparación párrafo a párrafo con el documento aportado en su momento por el interventor municipal, al sostener la acusación que Del Nido se limitó a "ordenar, cortar y pegar".

El también presidente del Sevilla negó este extremo e incidió en varias ocasiones en su tercer día de declaración en que "no me inventé nada" y en que solicitó información al cliente "como se hace siempre". En este punto, señaló que recibió datos del interventor, del secretario y del tesorero e insistió en que luego dio "forma jurídica" y "redactó" las alegaciones que se presentaron al Tribunal de Cuentas.

El letrado indicó que "está acreditado que hago muchísimas alegaciones que el interventor no hace", añadiendo que éste "no es nadie para contestar al Tribunal de Cuentas" y recordando que dicho órgano "sólo consideraba interlocutor válido al alcalde". Aseguró que la del fiscal y la de él son "dos formas de ver una cosa", haciendo mención, incluso, al debate jurídico sobre el Estatuto catalán.

Señaló que el informe que emitió el interventor tenía 29 páginas, mientras que el de las alegaciones que presentó el Ayuntamiento contiene unas 900 y reconoció que copió aportaciones del funcionario, si bien, explicó que las partes que no se incluyeron fueron porque eran una "obviedad", porque no correspondía o porque "el alcalde lo decía".

El interrogatorio fue minucioso, comparando los folios de los dos escritos e, incluso, se le cuestionó por qué en uno de los párrafos de sus alegaciones —por las que habría minutado unos 348.000 euros, según recoge el fiscal del Tribunal de Cuentas— no incluyó que era el interventor el que hacía esa afirmación, a lo que respondió: "cuando lo copio porque omito de quién copio y cuando no copio porque no lo copio".SOCIEDADES

Asimismo, se le preguntó por la cumplimentación de 21 formularios sobre las sociedades municipales fiscalizadas y lo cobrado al respecto, así como por la justificación de gastos en 1999, al no haber "ni un" documento al respecto, según el fiscal, mientras que sí está "detallado" en 2000, con gastos de 2.900 euros de gasolina y 2.600 euros de restaurante.

En este sentido, indicó que todas las minutas fueron pagadas "por transferencia o por cheque" y que pagó el porcentaje correspondiente a la Hacienda Pública, al tiempo que apuntó que emitió minutas por "cada sociedad y por trabajo realizado, nunca por trabajo no realizado", utilizando una "minuta tipo".

También se le cuestionó respecto de otras 17 minutas referentes a sociedades en proceso de fiscalización, que, según el fiscal, suponen más de 155.000 euros, y apuntó que fueron "cantidades a cuenta pendientes de liquidar" y que estos honorarios han sido tasados por el Colegio de Abogados de Madrid en dos millones de euros.

Por tanto, consideró que cobró "mucho menos de lo que debía haber cobrado" y defendió que cada una de las sociedades municipales para las que intervino, por las que el fiscal le preguntó hoy, "tenían actividad" en el periodo de fiscalización, aunque quizá ya no la tuviera en el momento de emitir la minuta.