El Grupo Parlamentario Popular registró a primeros de marzo la proposición no de Ley que reclama que el Tribunal de Cuentas realice con la "mayor brevedad" posible la fiscalización, a la vista de las presuntas irregularidades que se han ido descubriendo en la entidad, participada en un 48 por ciento por el Estado, a través de la Sociedad Estatal Mercasa, y por el Ayuntamiento de Sevilla, con un 51,24 por ciento del capital.

En el texto de la iniciativa, los 'populares' justificaban su petición en la competencia que tiene el organismo que preside Manuel Núñez para fiscalizar de forma externa, permanente y consultiva la actividad económico-financiera del sector público y para enjuiciar la responsabilidad contable en la que pueden incurrir quienes tengan a su cargo el manejo de dinero público.

Para reclamar esa fiscalización, el PP subrayó que como consecuencia de una auditoría externa privada, se dieron a conocer presuntas irregularidades en las cuentas y contrataciones realizadas por esta empresa y su fundación y que afectan al sistema de contratación de personal y a la independencia entre las cuentas de ambas.

Asimismo, incidió en que está siendo investigado el presunto cobro de comisiones ilegales por parte de ex directivos de la entidad y la supuesta enajenación irregular de los suelos del antiguo mercado central propiedad de la entidad.

A estos hechos se suma la denuncia, según añadió el PP, presentada por unos empresarios sevillanos acreditando que dichos ex directivos de Mercasevilla, el ex director gerente y el ex director adjunto, les exigieron el pago de 450.000 euros a cambio de adjudicarles la gestión de la escuela de hostelería de la fundación.