La Junta de Andalucía podrá retirar los derechos de concesión de aguas asignada a un usuario cuando éste durante tres años seguidos o bien cinco alternos en un periodo de una década no utilice su dotación y no pueda justificar este hecho de ninguna manera.

Según indicó a Europa Press el director gerente de la Agencia Andaluza del Agua, Juan Paniagua, con esta medida, incluida en el texto de la primera Ley de Aguas de Andalucía que el Parlamento aprobará el próximo 28 de abril, se persigue que esto derechos a los que no se les da uso se puedan integrar en los Bancos Públicos del Agua, una figura de nueva creación en la comunidad, para que se puedan redistribuir de manera "más eficiente".

Tal y como explicó Paniagua, esta es una de las vías que utilizará la Agencia Andaluza del Agua para dotar a los bancos públicos de recursos hídricos con los que poder establecer un sistema de compraventa de derechos para facilitar su uso eficiente en un escenario de recursos limitados.

Otros mecanismos de adquisición de derecho sobre el agua provendrá, según explicó, de los excedentes derivados de la modernización de los regadíos, sistemas de gestión urbanos e industriales, así como la cesión directa por parte de los usuarios que quieran desprenderse de las dotaciones que tenían asignadas.

En total, se constituirán cuatro bancos públicos del agua, uno por demarcación hidrográfica —demarcación del Guadalquivir, Guadalete-Barbate, Tinto-Odiel-Piedras y del Mediterráneo—, los cuales entrarán en funcionamiento a partir del presente año 2010.

Este capital de recursos se dirigirá a satisfacer las necesidades de agua que haya en la región dando prioridad a lograr el buen estado ecológico de las aguas —exigencia marcada por la Directiva Marco de Aguas europea para el año 2015—; garantizar el abastecimiento para consumo humano, constituir reservas para los fines previstos en los planes hidrológicos de cada demarcación y atender a los proyectos de interés autonómico.

A este respecto, Paniagua llamó la atención sobre el hecho de que, tal y como establece la nueva normativa, el ejercicio de intercambio de concesiones sobre el agua no exige que las dos partes involucradas sean titulares del derecho, con lo que se abre el mercado a nuevos usuarios que presenten proyectos "viables e interesantes".

Así, indicó que actualmente hay un volumen de demanda importante de agua por parte de proyectos de "gran interés" para Andalucía por la creación de empleo y riqueza que pueden suponer, como son algunas iniciativas del sector turístico o, especialmente, de las energías renovables, sobre todo, de centrales termosolares.

Para facilitar estas operaciones, se creará un registro público de derechos de aguas que gestionará la Agencia Andaluza del Agua, cuya información será accesible por vía electrónica.