El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, afirmó hoy que el dictamen motivado de la Comisión Europea (CE) dirigido a España por la aplicación de la Directiva Marco del Agua no afecta al Duero por ser un río internacional, según el estudio que ha realizado del documento la Administración autonómica.

De Santiago-Juárez se expresó así tras mantener un encuentro con agentes económicos y sociales de la Comunidad para informarles de la situación en la que se encuentran las negociaciones para el traspaso de la gestión del Duero.

El consejero explicó que como la Junta "intuía" o "sospechaba" el dictamen no supone una traba para avanzar en la negociación del traspaso de las competencias en esta materia, a pesar de que el Gobierno central, el pasado día 6, manifestara que podía entorpecer la transferencia. Como solución, la Junta planteó incluir en la propuesta que presentó al Gobierno en enero, sobre la que no ha recibido respuesta, una cláusula de salvaguarda, con el fin de que el Ejecutivo central se pronuncie antes del 30 de abril para poder firmar un acuerdo en mayo.

Sin embargo, tras estudiar el dictamen, la Junta considera que no hay problema alguno porque en todo el documento de la CE se hace referencia al artículo 3.2 de la Directiva, cuando el Duero, por su peculiaridad de río internacional, se enmarca en el artículo 3.3.

De Santiago-Juárez, en declaraciones recogidas por Europa Press, dijo no saber si es un "error o no" del Ministerio pero aclaró que tiene dos meses para contestar con las medidas que adoptará, pero aún así insistió en que se podía introducir en el acuerdo sobre los servicios y funciones que gestionará la Junta en el futuro una cláusula de salvaguarda para iniciar la negociación sobre los términos económicos en los que se producirá el traspaso.

Además, el consejero de la Presidencia considera que no hay problema alguno en llegar a un acuerdo en esta materia y, en caso de que lo hubiera, sería con las comunidades que tienen ya transferidas las competencias y las ejercen, sin embargo el proceso está en su "inicio" en el proceso.

José Antonio de Santiago-Juárez afirmó que se ven dificultades y que el Gobierno "pone pegas" y recordó que cuando se inició el proceso se habló de un informe de la Abogacía del Estado que nunca apareció, posteriormente se dijo que las autoridades portuguesas estaban preocupadas y en un viaje institucional de la Junta se pudo comprobar que no era así, pero también se intentó negociar en un "dos por uno" con Justicia y ahora esta cuestión.

A este respecto, cree que hay que determinar las funciones y servicios porque "si no, no se sabe qué negociar" e insistió en que el dictamen no supone una "pega" para Castilla y León.

"Da la sensación de que se pone alguna pega para no iniciar el proceso", dijo el consejero de la Presidencia, quien añadió que "es un tema vital para Castilla y León gestionar las competencias del Duero desde la cercanía".

Manifiesto de los agentes.

De Santiago-Juárez explicó la posición de la Junta a los agentes económicos y sociales con los que mantuvo la reunión, los cuales además decidieron elaborar un manifiesto en el que piden una respuesta sobre la propuesta del Gobierno regional al Ministerio de Política Territorial y un impulso "decido" del traspaso por parte de ambas administraciones.

Este documento, que la Junta hará llegar al Ministerio, fue rubricado por Comisiones Obreras, UGT, el Consejo Regional de Cámaras, Asaja, UPA, Coag, UCCL, Urcacyl, la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP, la patronal Cecale y la Asociación de Comunidades de Regantes de la Cuenca del Duero (Ferduero).

En concreto, en este manifiesto se afirma que "resulta imprescindible" que el Ministerio de Política Territorial dé respuesta a la propuesta de acuerdo remitida desde la Comunidad antes del 30 de abril "sin perjuicio de que se incluya en el texto, si se considera conveniente, una cláusula de salvaguarda respecto de lo que pueda resultar como consecuencia del Dictamen".

Además, se pone de manifiesto "la necesidad de que ambas administraciones impulsen de forma decidida el traspaso efectivo de la citada competencia dado el carácter esencial y prioritario que tiene para esta Comunidad Autónoma".

El consejero de la Presidencia indicó que la reunión responde al compromiso de la Junta con los agentes sociales y económicos de informarles directamente sobre la marcha de las negociaciones para el traspaso de esta competencia.

De Santiago-Juárez explicó que será la Junta la que se encargue de enviar al Ministerio este documento "para que sepa lo que opina la sociedad civil".

El consejero añadió que ha recibido correos del Ministerio en los que se valora la actuación institucional de su departamento y aclaró que en ningún momento se ha producido una "ruptura" de los contactos con el Gobierno central, sino que siempre se ha buscado la "lealtad".

A este respecto, aseguró que si no hay una contestación por parte del Ejecutivo central a la propuesta de la Junta, la Administración autonómica seguirá "hasta el final" intentando que contesten porque considera que es su obligación impulsar esta transferencia, dado que es "absolutamente necesaria" porque "define el territorio" y lo "lógico" sería "culminar con éxito el proceso", algo que reclama "toda" la sociedad.