El presidente de la Generalitat, José Montilla, ha cancelado su agenda de actos de este viernes para quedarse en Barcelona a la espera de si el Tribunal Constitucional (TC) dicta la sentencia sobre el Estatut.

Según fuentes de Presidencia, Montilla ha tomado esta decisión "a última hora" y permanecerá en el Palau de la Generalitat "trabajando". Durante la mañana estaba previsto que el presidente catalán acudiera a Suria (Barcelona), para inaugurar una nueva residencia y un centro ocupacional para discapacitados.

El pleno del TC que debe resolver los recursos contra el Estatut ha reanudado sus debates sobre el quinto borrador de sentencia, que podría ser sometido a votación pese a que parece seguir sin concitar el consenso suficiente para ser aprobado.

Según las fuentes consultadas en el tribunal, la sesión de este viernes (inusual porque en las llamadas "semanas jurisdiccionales" puede haber pleno de martes a jueves, pero nunca los viernes) se adivina como determinante para el futuro de la ponencia, hasta el punto de que si ésta continúa sin alcanzar un "umbral mínimo" de respaldo podría ser definitivamente rechazada.

El texto anula una quincena de los cerca de 125 preceptos recurridos, entre ellos algunos de los referidos al Poder Judicial en Catalunya y a las competencias del Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo catalán); condiciona la constitucionalidad de otra veintena a su interpretación y "salva" la inclusión del término "nación" en el preámbulo del Estatut aduciendo que este no tiene valor jurídico.

El borrador que ha puesto sobre la mesa la ponente del recurso del PP, la progresista Elisa Pérez Vera, contaba al inicio del pleno el pasado miércoles con el respaldo de otros tres magistrados de su mismo sector (Pascual Sala, Eugeni Gay y la presidenta del tribunal, María Emilia Casas) y con el rechazo frontal de los conservadores Javier Delgado, Jorge Rodríguez Zapata y Vicente Conde.

Así, las únicas opciones para que el borrador fuera finalmente aprobado residían en los otros tres miembros del pleno: el progresista Manuel Aragón y los conservadores Guillermo Jiménez y Ramón Rodríguez Arribas. Sin embargo, las intervenciones de los magistrados no dejan demasiado lugar al optimismo, según las fuentes consultadas.

Éstas ya descartan que Jiménez o Rodríguez Arribas fueran a prestar el tan buscado quinto apoyo -que permitiría aprobar la sentencia siempre que Casas hiciera uso de su voto de calidad-, pero también ven muy difícil que lo vaya a prestar Aragón. Este magistrado, pese a su adscripción progresista ha mantenido posiciones muy críticas con determinados aspectos del Estatut, en especial los referidos a la inclusión del término "nación" y a la regulación de los llamados "símbolos nacionales".