Incluirá además consideraciones acerca de los efectos en términos económicos, sociales y medioambientales que supondría privar a la Cuenca del Segura de los caudales que durante los últimos 30 años han posibilitado el crecimiento y el desarrollo de la Región de Murcia y de las provincias vecinas de Alicante y Almería.
El informe se someterá al conocimiento y la aprobación de la Junta Directiva de la Confederación, que se reunirá el próximo jueves 22 de abril, y después se remitirá copia del mismo a los diputados y senadores para la valoración objetiva y justa de sus términos.
La Comisión Ejecutiva considera que "es el momento de la sociedad". Por eso insta a los ciudadanos a que defiendan sus intereses, "porque está en juego la dignidad de la Región de Murcia, a la que quiere someter una política insolidaria que ha puesto en entredicho el Estado de las Autonomías y que amenaza con hipotecar las posibilidades de desarrollo de las comunidades que dependen de una infraestructura vital en términos socioeconómicos, como es el trasvase Tajo-Segura".
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