Según anunció hoy en rueda de prensa el coordinador de Personal y Hacienda, Carlos Rubio, a través de estas sentencias el Ayuntamiento dejará de pagar sueldos superiores a 5.000 euros mensuales, lo que supone "un paso más en el proceso de depuración y regularización en materia de personal emprendido por el equipo de gobierno" desde el inicio de la legislatura.

"Tenemos una legislación laboral muy protectora y garantista con el trabajador, algo que tiene beneficios para el empleado, pero que también, en determinadas ocasiones, supone un verdadero problema para procesos de reestructuración como el que necesita este Ayuntamiento", expuso el coordinador de Hacienda y Personal.

En el caso de Escobar, Rubio señaló que se trata de una sentencia firme por despido objetivo, que "impide" a la letrada seguir siendo trabajadora del Ayuntamiento, al tiempo que manifestó que, aunque inicialmente ganó una primera instancia, "nosotros recurrimos pero la readmitimos como consecuencia de esa primera sentencia, de modo que estuvo ejerciendo sus funciones en las delegaciones de Bienestar Social y Vía Pública hasta el día de hoy".

Respecto a Luque —único caso que sigue la vía contencioso-administrativa—, el Ayuntamiento había rechazado la petición de readmisión del antiguo concejal de GIL formulada en virtud de la ocupación de una plaza de interino, según explicó Rubio, quien apuntó que la sentencia da ahora la razón al Ayuntamiento argumentando que las plazas en la Administración pública "sólo pueden desempeñarse atendiendo a criterios de igualdad, mérito, capacidad y concurrencia".

En cuanto a Bernal, precisó que éste había alegado un blindaje "que obligó al Ayuntamiento a depositar en los juzgados 240.000 euros como fianza", una cantidad que ahora ha sido devuelta después de que el juzgado haya considerado que el blindaje de contratos en la Administración pública "no es aceptable y es, por tanto, nulo".AHORRO

Con estas sentencias, el número de despidos desde el inicio de legislatura asciende a 72, lo que ha supuesto un ahorro a las arcas municipales de entre tres y cuatro millones de euros anuales. De estos despidos, 32 se fundamentaron en razones objetivas, afectando a cargos relevantes en la era GIL como Elías del Pozo, Miguel Jiménez Guerra, Raquel Escobar, Carmen Revilla, Juan Flores, Tomás Reñones, entre otros, y 40 por razones disciplinarias. Asimismo, del total de despidos, 25 se cerraron antes del dictamen de la sentencia por haberse alcanzado a un acuerdo en materia de indemnización previo al juicio.

La plantilla municipal cuenta con unos 3.400 trabajadores, algo que, según el coordinador de Personal y Hacienda, es "excesivo" para un municipio de estas dimensiones, pero que "también tiene que ser matizado porque el Ayuntamiento presta todos los servicios con personal propio".

"Nosotros tenemos un Organismo Autónomo de Servicios Operativos que cuenta con 460 trabajadores fijos", mientras que "normalmente los ayuntamientos suelen tener un pequeño grupo de servicios operativos y el resto lo contratan con empresas externas", expuso Rubio, quien añadió que el Ayuntamiento continúa trabajando sobre un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) temporal que afectaría a 190 trabajadores mayores de 55 años. CASO 'MINUTAS'

Preguntado por las declaraciones del abogado José María del Nido, acusado en el caso 'Minutas', sobre presuntas irregularidades en los encargos que le hizo el Consistorio de Marbella, en las que aseguraba que sus gestiones "generaron para el Ayuntamiento y sus sociedades mercantiles miles de millones de pesetas de beneficios", Rubio manifestó que "el movimiento se demuestra andando", al tiempo que aseguró que "la realidad es que de los procedimientos del letrado lo que mejor sabemos es lo caro que nos han costado".

"Realmente cuando se toma en serio la recuperación de bienes para el Ayuntamiento es a raíz de la resolución y la primera sentencia de una cierta magnitud que se produce a favor del Consistorio como es la del caso 'Saqueo'", recordó Rubio, quien destacó que ésta se consigue, "no por la intervención de ningún abogado contratado en aquel momento, sino porque el PP se personó".

Bomberos y policía local

Por último, preguntado por las reclamaciones de agentes de la Policía Local y de Bomberos sobre el pago de los atrasos de los ejercicios 2004 y 2005, indicó que "no existe un conflicto laboral", sino que lo que ocurre es que "los sindicatos que están promoviendo el tema tienen la principal aspiración de crear conflictividad en el Ayuntamiento".

"No es el momento para que los sindicatos estén creando conflictividad en trabajadores que tienen el enorme privilegio de tener un sueldo y un empleo fijo en una ciudad con 15.000 parados", concluyó.