"Muchas veces tenemos que tomar decisiones en décimas de segundo y tomarlas correctamente", explicó hoy el secretario general del SUP en Galicia, José Freire. Por ello, el sindicato organiza las 'I Jornadas Jurídicas' que, tras celebrarse en Ourense y Lugo, hoy se realizan en Pontevedra, con la participación de 175 agentes de Policía Local y Policía Nacional Guardia Civil.

También participan funcionarios portugueses de la Policia Judiciaria, la Guardia Nacional Republicana y el Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. En próximas fechas, la Jornada continuará en A Coruña, Vigo, Santiago y Ferrol. El SUP prepara también una segunda edición, sobre procedimientos relacionados con la Policía Científica.

En la I Jornada Jurídica dedicada a 'Consecuencias sobre actuaciones policiales' participaron el fiscal antidroga Marcelo Azcárraga y el juez Xermán Varela Castejón. Freire justificó la temática argumentando que en caso de una identificación "mal hecha", por un uso "excesivo" de la fuerza en una detención, una detención "ilegal" o un registro "mal efectuado, puede caer sobre los agentes "todo el peso de la ley".

En este sentido, el objetivo de las charlas es "recordar" a los agentes "dónde están los límites, el filo de la navaja, que es muy fino", señaló José Freire. Con el antiguo Código Penal, explicó el secretario autonómico del SUP, "se contemplaba la separación del servicio durante el tiempo que durase la pena impuesta por el juzgado". Sin embargo, a raíz de la última reforma, con la inhabilitación "se pierde la condición de funcionario".

"castigo muy grande"

Para el SUP se trata de "un castigo muy grande, que no ocurre en ningún otro estamento funcionarial". Como alternativa, los agentes pueden recurrir a la solicitud del indulto, si bien se trata de un mecanismo "muy lento y que muy pocas veces se otorga, aunque paradójicamente se les concedió a Los Abertos", añadió Freire.

Freire aseguró que se ha producido un aumento "significativo" de agentes en esta situación, con casos en Toledo, Ciudad Real y Galicia. Este último consistió en una condena de 8 años a un agente destinado en Marín (Pontevedra), "por trasladar a comisaría a dos individuos", precisó Freire, lo que el juez sentenció como detención ilegal y se tradujo en "la separación del servicio del agente". En todos ellos, el SUP organizó recogidas de firmas para solicitar su rehabilitación.