De hecho, según explicó el consejero en rueda de prensa, son en estos casos en los que la Junta "dará conocimiento a la Fiscalía para que pueda iniciar, en su caso y si así lo determina, las sanciones que crea conveniente" ya que la mayoría de los casos, insistió el consejero, "no pasan de ser alguna argucia administrativa censurable, pero que se puede resolver en el ámbito de la Administración educativa".

En este sentido, De la Chica admitió que su departamento no puede inspeccionar de oficio todas y cada una de las solicitudes de escolarización en Andalucía porque "ni la Agencia Tributaria puede", por lo que invitó a "aquellas familias que crean efectivamente lesionado su derecho" a que lo comuniquen a la Delegación provincial de Educación correspondiente "cuando el comportamiento sea de una notoriedad y de una lesividad patente".

Además, insistió en que "no le corresponde al ámbito del Gobierno" tipificar la falsificación de documento como delito, aunque valoró "la sensibilidad de la Fiscalía" al respecto porque, en su opinión, "la Administración no puede permitir un solo fraude ya que, mientras lo haya, habrá una mala imagen del sistema educativo".

Durante el proceso de escolarización del año pasado, la Consejería de Educación recibió en torno a 1.600 comunicaciones de presuntas irregularidades, de las cuales, "sólo unas 640 fueron constatadas, es decir, un 0,3 por ciento", indicó el consejero.