En rueda de prensa, portavoz parlamentario y coordinador general de IU-Aragón, Adolfo Barrena, indicó que es preciso que toda la ciudadanía pueda hacer uso de este derecho independientemente de la "moral" de los profesionales sanitarios que atiendan a cada paciente y al margen del derecho de los facultativos a la objeción de conciencia.

Según Barrena, la persona debe ser "el eje" del debate sobre la muerte digna y recordó que toda persona tiene derecho "al alivio en el momento final de su vida".

IU tiene como objetivo que la persona en trance de muerte disponga de su vida y elija "libremente" bajo el amparo de la Ley sobre "el momento y los medios para finalizarla", por ejemplo que las personas con una enfermedad terminal puedan morir "sin sufrimiento si eso es su deseo".

Cada persona tiene derecho a recibir una información "veraz, realista" y que contribuya a que el paciente pueda tomar una decisión sobre su muerte, lo que incluye la posibilidad de rechazar un tratamiento determinado y "limitar el esfuerzo terapéutico".

Barrena añadió que el derecho de los facultativos a aplicar un tratamiento u otro "no puede estar por encima" del derecho de la ciudadanía a decidir sobre su propia muerte.

La coordinadora del Grupo Parlamentario de IU, Patricia Luquin, recordó que cada persona tiene derecho a vivir con dignidad "un acto tan íntimo como es el proceso de su muerte" y destacó que hay un debate internacional sobre el derecho a la muerte digna.

"El derecho a la vida digna no puede separarse del derecho a una muerte digna", ya que esta forma parte de la vida y, de hecho, "es el acto final de la biografía de un ser humano".

Luquin aludió al derecho del paciente a su autonomía y abogó por "humanizar el proceso de la muerte". La proposición de ley incluye el derecho a recibir información, a decidir sobre la asistencia que recibe y a no recibir cuidados paliativos.

Se trata de "respetar a todas las personas, tanto creyentes como no creyentes", continuó Patricia Luquin, quien insistió en la necesidad de valorar los "valores vitales" de la persona cuando esta se encuentre en fase terminal.

La proposición de ley permite a los funcionarios implicados en estos procesos acceder al Registro de Voluntades Anticipadas y establece que se deben preocupar por conocer si el paciente ha hecho una declaración de este tipo.