Visto para sentencia el juicio contra cuatro dirigentes de IU, para los que piden una suma de 8 años de cárcel

La Fiscalía entiende que "no hay pruebas para la imputación de coacciones y dice que la retirada del PCE dejó inerme a la acusación"

El juicio por el que cuatro dirigentes de IU de Asturias, entre ellos el coordinador general de la coalición, Jesús Iglesias, y la actual consejera de Bienestar Social y Vivienda, Noemí Martín, se enfrentan a una suma de ocho años de cárcel por un delito de coacciones al secretario general del PCA, Francisco de Asís, quedó hoy visto para sentencia.

En la segunda y última sesión, las partes elevaron a definitivas sus conclusiones provisionales, mientras que el fiscal superior del Principado de Asturias, Gerardo Herrero, se ratificó en la petición de que se sobresea la causa y se absuelva a los cuatro imputados -Noemí Martín, Jesús Iglesias, Alfonso Suárez y Luis Álvarez-.

Para el Ministerio Fiscal, la retirada del PCE deja "inerme" a la acusación particular y "no hay prueba para imputar un delito de coacciones". Para Herrero, "no quedó probado quien ordenó el cambio de las cerraduras" de la sede que ambas formaciones compartían y, aunque así fuera, "no hubo intención de perjudicar a nadie".

El conflicto se desencadenó tras una crisis vivida en 2007 en el seno de la coalición que derivó, en mayo, en un enfrentamiento sobre el uso de la sede de Plaza América, en Oviedo, arrendada a IU de Asturias, pero de la que es dueño el Partido Comunista.

La acusación particular, ejercida por De Asís y representado éste por la letrada Ana Taboada, solicitó además dos años de inhabilitación para cargo público y una indemnización de 3.000 euros por perjuicios.

Taboada incidió en la vinculación de los delitos de falsedad documental y coacciones e indicó que "una cosa es retirar la acusación y otra desdecirse de lo manifestado durante la instrucción". En las conclusiones, resumió que los dirigentes de IU "idearon y llevaron a cabo la ocupación de la sede" mediante la contratación de un cerrajero y de una empresa de seguridad a la que dieron instrucción de "usar la fuerza" en caso de necesidad. "Si no hubo más uso de la misma se debió al comedimiento de los comunistas y a que los vigilantes desoyeron unas órdenes claras", mantuvo.

"el camarote de los hermanos marx"

Por su parte, Ana García Boto, letrada de Iglesias, Martín y Álvarez, criticó "una deficiente instrucción procesal" y solicitó la absolución porque "no se dan ninguno de los elementos para que la acción sea constitutiva de delito". Instó, asimismo, a que se impongan las costas de la defensa a la acusación particular que "de forma temeraria hizo sentarse en el banquillo a dos parlamentarios y a un ciudadano de a pie".

Para Boto, los hechos enjuiciados parten de una situación de coacción previa de la que era víctima IU. Respecto al PCA, ironizó: "Parece más el camarote de los Hermanos Marx que una organización política que se precie".

Durante la sesión, presidida por el presidente del TSJA, Ignacio Vidau, se escucharon las declaraciones de los vigilantes de seguridad que custodiaron la sede los días 29 y 30 de mayo de 2007, de un cerrajero y de una trabajadora de la Unidad Técnica Administrativa de la misma.

Los guardas manifestaron que esos días se quedaron dentro de las oficinas "para evitar situaciones de fuerza". Dijeron, además, que recibieron órdenes de la empresa de que echaran a los militantes del PCA "como fuera" y, uno de ellos, aseguró haber recibido una llamada de un dirigente de IU, al que identificó como "Jesús", en la que les advertía de "consecuencias" si no obedecían las instrucciones de desalojo.

La administrativa, por su parte, apuntó a la existencia de "barullo y follón" en una época electoral, dijo que el PCA cambió cerraduras y ocupó despachos y lamentó que una supuesta orden de baja por parte del Partido Comunista les dejó "sin teléfono, fax, ni Internet", por lo que finalmente se trasladaron a una sede que IU había alquilado "hacía un mes" en el Centro Cívico, en Oviedo. Aseguró, asimismo, que fue un afiliado del PCA quien rompió la cámara de video-vigilancia instalada a la entrada de la sede que ambas agrupaciones compartían.

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