El Negociado de Control e Inspección del Área de Acción Social del Ayuntamiento de Bilbao investigó en sus dos primeros años de funcionamiento un total de 1.651 denuncias por irregularidades en la concesión de las ayudas sociales, de las que en un 64 por ciento se detectaron irregularidades reales.

Del total de casos investigados, 225 corresponden a 2008, 942 al pasado año y 484 a los dos primeros meses del presente año. Así mismo, en estos dos años, 361 personas perdieron la Renta de Garantía de Ingresos y 67 vieron modificadas la cuantía de esta ayuda.

En rueda de prensa ofrecida esta mañana en Bilbao, el concejal de Acción Social, Ricardo Barkala, hizo balance de las actuaciones llevadas a cabo por el Negociado de Control e Inspección del Área de Acción Social del Ayuntamiento de Bilbao, un negociado que tiene como objetivo, según explicó, "ser más eficaces y garantizar que las ayudas lleguen a quienes son merecedores de las mismas".

En este sentido, el concejal explicó que "perseguimos a aquellas familias que se han beneficiado de ayudas sin necesitarlas para que la ciudadanía perciba que las ayudas de la administración son de criterio y rigor".

La Renta de Garantía de Ingresos (RGI) es la prestación más investigada, ya que representa la ayuda económica de mayor cuantía. El Negociado de Control e Inspección revisó los expedientes de 2.200 perceptores de RGI con el fin de detectar a personas empadronadas en Bilbao que no residen en el municipio. En concreto, 143 personas fueron dadas de baja del padrón municipal y les fue suspendida esta prestación.

Las denuncias pueden llegar al Negociado de Control e Inspección por diferentes servicios sociales y negociados del Área de Acción Social, ya sea a través de denuncias externas realizadas por cualquier ciudadano, o por denuncias de otras áreas municipales como el área de Seguridad Ciudadana y Relaciones Ciudadanas. Así mismo, éstas también pueden ser recibidas desde la Diputación Foral de Bizkaia.

Así, Barkala indicó que las denuncias externas "están resultando un medio de gran utilidad para luchar contra el fraude". De esta manera, el concejal indicó que "en más del 90 por ciento" de los casos denunciados externamente "se encuentra alguna irregularidad en las ayudas económicas y en el resto se detectan anomalías en la situación de convivencia". "Los denunciantes son personas cercanas a los denunciados y conocen con detalle las irregularidades", añadió.

Las denuncias externas pueden llevarse a cabo mediante una instancia en el Registro Municipal, en el correo electrónico control.inspeccion@ayto.bilbao.net, en el teléfono 944 203 525, o acudiendo al Negociado de Control e Inspección.MOTIVOS

Los motivos principales de las denuncias son, por orden, no vivir en el domicilio donde figuran empadronados de los que se registraron 770 casos, trabajar y recibir la RGI (374 casos), recibir la RGI y convivir con personas no empadronadas con el fin de ocultar los ingresos de los residentes en la vivienda (294 casos).

Así mismo, también se denunciaron otras situaciones (213 casos), como cobrar ayudas para el alquiler y no pagarlo, así como utilizar de forma inadecuada las ayudas en juego, consumo de drogas, envío de dinero a su país de origen, etc...

Otra causa de denuncia tiene que ver con los denominados 'pisos patera' y las viviendas en las que hay más unidades de convivencia que habitaciones. Así, el negociado recibió denuncias correspondientes a 43 pisos en los que estaban empadronadas 692 personas, de las que 134 vivían correctamente. Las irregularidades en el empadronamiento son investigadas por dos agentes de la Policía Municipal adscritos Área de Acción Social desde mayo de 2009.

Inclusión social

El negociado de Control e Inspección deriva a la Unidad Técnica de Inclusión Social (UTIS) a todas las personas implicadas en sus investigaciones y que siendo perceptoras de la RGI no tenían actualizados los Convenios de Inclusión.

En total, se trasladaron 863 casos a la UTIS de personas susceptibles de firmar el citado convenio. Este acuerdo, del que se hace un seguimiento trimestral, obliga al usuario a buscar activamente empleo, a formarse profesionalmente y a emprender otros tipos de acciones para conseguir su inclusión social. Durante el año pasado, un total de 281 personas firmaron un Convenio de Inclusión.

El incumplimiento de este compromiso puede acarrear la pérdida de la RGI. Desde su creación en enero del año pasado, las trabajadoras sociales de la UTIS y de los Servicios Sociales solicitaron a la Diputación Foral de Bizkaia la suspensión de esta ayuda económica a 160 personas que cumplieron las obligaciones adquiridas.

La Unidad Técnica de Inclusión Social llevó a cabo Convenios de Inclusión con perceptores de RGI que fueron denunciados o que presentaban indicios de fraude en convenios de años anteriores y lo tenían sin renovar. Así mismo, también con aquellos beneficiarios de la RGI menores de 35 años y que cobran esta ayuda desde hace, al menos, tres años o presentan muchas entradas y salidas a su país de origen.

La UTIS colabora activamente con los distintos programas de incorporación laboral desarrollados por el Gobierno vasco, la Diputación Foral de Bizkaia y el Consistorio de Bilbao, a través de Lan Ekintza. Igualmente, coopera con entidades privadas dedicadas a la inserción social y laboral.