La organización sindical informa en un comunicado de que la Consejería de Sanidad del Gobierno canario ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias el anuncio por el que se hace público el procedimiento abierto para la adjudicación del contrato mixto de concesión de obras públicas y gestión de servicios públicos para la redacción del proyecto, construcción y explotación de la citada infraestructura por 194.480.000 euros.

Dicho presupuesto irá destinado a la redacción del proyecto de construcción de la nueva Unidad de Oncología Radioterápica; ejecución de las obras de construcción; dotación, mantenimiento, actualización, renovación y reposición, del equipamiento general, asistencial y no asistencial, principal y auxiliar; explotación y conservación de la Unidad de Oncología Radioterápica.

El procedimiento de concesión de obra pública significa que una empresa privada sanitaria redacta el anteproyecto de la obra, la construye y luego explota el servicio con su propio personal privado, un modelo similar al del aparcamiento del Complejo Materno-Insular, recuerda la organización sindical.

"descapitalizar la sanidad pública"

Así, Intersindical Canaria se muestra "totalmente en contra de ese tipo de adjudicaciones", porque, a su juicio, "significa descapitalizar la sanidad pública, y ceder a la empresa privada la construcción, reconociendo al concesionario el derecho a percibir una retribución consistente en la explotación de la propia obra". "Hablando claro, convertir a la sanidad en un puro negocio", resaltan.

De este modo, subrayan que "se confiere el protagonismo principal a la iniciativa y capital privado, donde de cara a atraer la participación del capital y la iniciativa privada, se moderan los límites del riesgo asumiéndolo de forma compartida el sector público y el privado".

"Es decir, una clara connivencia para que la sanidad privada se desarrolle, a costa de parasitar y progresivamente minar lo público", añaden.

"un sonoro fracaso"

IC denuncia que estas fórmulas de gestión han resultado "un sonoro fracaso allí donde se han ejecutado, con más precariedad en las condiciones laborales, más jornada laboral, menos retribuciones y, para los ciudadanos, no han resuelto los problemas que, supuestamente, justificaron su creación".

En este sentido, se opone "frontalmente a cualquier forma de gestión que implique la privatización y externalización de funciones o servicios". Igualmente, critica que la Consejería de Sanidad de Canarias, en manos del Partido Popular y con el apoyo de Coalición Canaria, "incide aún más en esa línea de privatizaciones directas".

Además, la organización estima que "resulta contradictoria esa fórmula, con los principios generales de la Ley de Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, ya que, entre sus principios figura la prestación de una atención integral a la salud, de tal manera que las prestaciones se ejercerán con un carácter de integridad".

Al entender de IC, "este principio se rompe, al conceder la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias a la iniciativa privada directamente la explotación de actividades sanitarias".

Estatuto de personal

Para el dirigente sindical, Bernardo Medina, "resulta paradójico que mientras el Estatuto Marco del personal Estatutario, aboga por la puesta en marcha de procedimientos para la integración de personal con la finalidad de mejorar la eficacia de la gestión, el anuncio de la Consejería origina una dualidad".

"No sólo de regímenes jurídicos, sino de vinculaciones laborales y organizativas, con personal contratado y dirigido por la empresa privada, dualidad que difícilmente va a contribuir a una gestión eficaz", argumenta.

Así, reitera que IC defiende la "sanidad pública, con gestión pública, aseguramiento público único y provisión pública", al tiempo que advierte de que "los resultados en aquellas Comunidades Autónomas donde el PP ha puesto en práctica la creación de un mercado sanitario y privatización de la provisión, han significado un incremento de los costes administrativos, mayores trabas a la capacidad de elección real del ciudadano, debilitamiento del Estado del Bienestar".

Además de que, en su opinión, "ha generado importantes segmentos de población desatendida y una fragmentación de las responsabilidades de planificación, financiación y asistencia".

"Para los profesionales de la salud ha supuesto un lacerante deterioro en sus condiciones de trabajo y los indicadores no han podido demostrar una mejora de su eficiencia, al contrario, fueron continuamente cuestionados, acabaron fracasando, y generaron importantes y peligrosos desequilibrios y problemas", sentenció Medina.