Rogelio Silva, compareció hoy en las Cortes de Aragón a petición de seis diputados del Partido Popular, al objeto de informar sobre las medidas y criterios adoptados en materia de seguridad de edificios públicos, en especial en el ámbito de la justicia.

En su comparecencia, Silva explicó que no cuenta con los apoyos suficientes para presentar el proyecto de ley porque además la mayoría de los alcaldes de los municipios con policía local "están en contra de la modificación" y que no la presentará en el Consejo de Gobierno si no tiene "una seguridad relativa" de que puede aprobarse "y más en el tercer intento".

Por otro lado, el consejero informó de la creación de un plan de seguridad integral para cinco edificios públicos: Edificio Pignatelli, Edificio Maristas, Departamento de Economía en la Plaza de los Sitios, el de Intervención de la calle Costa y el de Tributos del Paseo de la Independencia, todos ellos con un sistema de vigilancia centralizado en el Pignatelli, posibilidad de ampliación, compatibilidad de la tecnología instalada y una red de datos independiente.

Aumento del 33%

En seguridad

Además, Silva añadió que el Gobierno mantiene 46 contratos de seguridad con cuatro empresas homologadas -Securitas Seguridad España, Prosegur, Garda y Eulen— para 65 edificios de toda la Comunidad y que para los edificios de Justicia se trabaja en la redacción de un convenio con la Guardia Civil, además de haber incrementado un 33 por ciento el presupuesto destinado a la materia desde que Aragón adquirió las competencias "basado en criterios de eficiencia".

"En los edificios judiciales se presta una vigilancia mixta, con personal privado, miembros de la Policía Nacional Adscrita a Aragón y de la Guardia Civil. Es voluntad del Departamento que la Adscrita realice sólo funciones de vigilancia en edificios institucionales y que la vigilancia en las sedes judiciales se realice por miembros de la Guardia Civil, siempre se ha trabajado en esta línea", recordó.

La diputada 'popular' Yolanda Vallés, sostuvo que no se han realizado los estudios necesarios para evaluar las medidas de seguridad y protección de los edificios públicos y recordó que los sanitarios, educativos o judiciales requieren medidas especiales por su alta afluencia ciudadana.

"botellón en edificios autonómicos"

Además se refirió a diferentes noticias aparecidas en los medios de comunicación sobre "incidentes que muestran una deficiencia en la seguridad de edificios". "Resulta preocupante leer noticias sobre botellón dentro de edificios autonómicos, robo de ordenadores, pintadas y un sinfín de pequeñas sustracciones acompañadas de desorden en determinados edificios", criticó.

Vallés habló de los Presupuestos para 2010 y lamentó que se destinen cinco millones de euros menos a seguridad, así como que se convoquen 84 plazas para nuevos efectivos "por lo que no se va a llegar a los 250 de los que se hablaba al principio, sino que nos vamos a quedar en 200", además de que de los 84 nuevos "sólo la mitad se destinará a seguridad en edificios".

Ampliación de unidad adscrita

Por su parte, el diputado de Chunta Aragonesista, Chesús Bernal, preguntó a Silva por la fecha en la que se prevé firmar el convenio con el Ministerio del Interior para ampliar la unidad de la Policía Nacional adscrita a Aragón, ante lo que Silva indicó que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha dado instrucciones para "su ejecución inmediata" si bien la parte administrativa " suele ser mucho más lenta que las decisiones políticas". No obstante, Silva avanzó que "el concurso para los nuevos efectivos se realizará "de forma inminente".

El diputado socialista Manuel Lana, transmitió su apoyo al consejero para concluir las nuevas iniciativas como la de la posible adscripción de una nueva unidad de la Guardia Civil, y consideró que las labores de seguridad en edificios públicos en Aragón se desarrollan mayoritariamente de manera satisfactoria.

La diputada del Partido Aragonés, Ana de Salas, incidió en el buen funcionamiento de la seguridad en estos centros e insistió, tal y como había citado Silva, en que desde que se transmitieron las competencias a Aragón se ha incrementado la inversión presupuestaria en seguridad en los edificios judiciales en más de un treinta por ciento.