En concreto, el fiscal Anticorrupción en este caso, Francisco Jiménez Villarejo, solicitó la declaración del director general de Asuntos Judiciales —que se ha aceptado— para determinar aspectos sobre una minuta, al haberse aportado, según dijo, "tres versiones" de la misma, que tiene una cuantía de 46 millones de las antiguas pesetas, lo que supone 276.465,57 euros.

Asimismo, a raíz de otra documentación, pidió que declaren los ex ediles que participaron en un pleno de marzo de 2000 sobre la ampliación del objeto social de la sociedad Control de Servicios Locales, a través de la que "se realizó el pago de la totalidad de las minutas desde abril de 2000", apuntó. En este sentido, se ha aceptado la testifical, entre otros, de la ex alcaldesa Marisol Yagüe, de Isabel García Marcos y Rafael Calleja.

Estas peticiones fueron realizadas esta mañana por Jiménez Villarejo, en relación a la impugnación de determinada documentación, de la que cuestionó su autenticidad, considerando que se debería haber aportado con anterioridad. Así, impugnó dos borradores de alegaciones al anteproyecto de fiscalización del Ayuntamiento de Marbella, aportados por la defensa de Del Nido.

Consideró que ambos documentos constituyen una prueba "sorpresiva de manera extraordinaria", ya que "tuvieron que ser guardados durante 10 años hasta este momento", por lo que cuestionó su autenticidad. En este sentido, aseguró que "difícilmente puede haber indefensión cuando se domina el proceso hasta el punto de guardarse unos documentos durante 10 años".

Respecto a la autenticidad de otros documentos, en concreto correspondencia entre Del Nido y uno de los acusados representante de una de las sociedades, Jiménez Villarejo aseguró que "no tienen sello" y cuestionó que sean de la época que se indica, tras analizar la fuente tipográfica, ya que, según precisó, en ese momento no estaba comercializada esa letra, por lo que pidió el análisis de esos documentos, lo que ha sido aceptado.

En su turno de palabra, el letrado de Del Nido, Pedro Apalategui, dijo no poder explicar por qué están en poder de su cliente los dos borradores porque podría suponer "la expulsión" del Ayuntamiento de la persona. Además, calificó de "chocante" que alguna prueba solicitada por las defensas "a día de hoy no ha sido remitida" por el Ayuntamiento.

Además, varias letrados defensores se opusieron a la declaración como testigo de la ex concejala marbellí Carmen Revilla, al considerar que se pueden violar sus derechos, ya que tendrá que declarar por los mismo hechos en el caso 'Malaya'.