Las asociaciones para la recuperación de la Memoria Histórica de Cataluña y de Mallorca han presentado este lunes en el Tribunal Supremo una querella por prevaricación contra el magistrado de este órgano Luciano Varela y contra el presidente de la sala de lo penal, Juan Saavedra.

Así lo ha explicado a los periodistas la Coordinadora del Colectivo de Víctimas del Franquismo, Llani Álvarez, en declaraciones a las puertas de la sede del tribunal, donde se han concentrado familiares de represaliados por la dictadura con pancartas en apoyo a la actuación del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

Varela es el magistrado que instruye las querellas que el sindicato ultraderechista Manos Limpias y Falange Española de las JONS presentaron contra Garzón por investigar los crímenes del franquismo, mientras que Saavedra preside la sala que hasta ahora ha rechazado todos los recursos presentados por el juez.

"Indignación"

Álvarez ha leído un comunicado en el que ha puesto de manifiesto que ambas asociaciones sienten una "profunda indignación" porque el Alto Tribunal haya abierto este procedimiento contra el juez de la Audiencia Nacional. Según sostienen, Varela habría incurrido en un delito de prevaricación por mantener la imputación contra Garzón "a sabiendas de que sus decisiones son objetivamente sostenibles en el plano jurídico, ya que lo único que ha intentado es interpretar el Derecho teniendo en cuenta cuál es el Derecho internacional aplicable".

También habría actuado "a sabiendas de que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y las Convenciones contra el genocidio y las desapariciones forzadas firmados por España impiden la aplicación de ningún tipo de amnistía a los crímenes de genocidio y lesa humanidad".

El comunicado añade que también dirigen su querella contra Saavedra porque es el presidente de la Sala de lo Penal, de la que forma parte Varela "y en cuyas decisiones se ha amparado éste para la desestimación de todas las pretensiones de Garzón" y, además, porque ha denegado la personación de las víctimas en el procedimiento. También consideran que Saavedra tendría que haber resuelto la cuestión de competencia en el asunto de las investigaciones de crímenes de lesa humanidad planteada desde junio de 2009.