El portavoz de Pesca del Grupo Parlamentario del BNG, Bieito Lobeira, registró una iniciativa acerca de la retención de los dos buques gallegos retenidos en Mauritania desde finales de marzo y en la que demanda al Gobierno gallego que explique "cuáles fueron las gestiones" realizadas para alcanzar la liberación de estos pesqueros, el 'Loremar' y el 'Lameiro 1'.

El diputado nacionalista insistió en que la flota gallega que faena en este caladero "vive en permanente indefensión política y jurídica" y recalcó que las acusaciones que se les realizaron "son falsas", puesto que los buques faenan al amparo legal del acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Mauritania y "no se les detectó exceso de cuota o captura de especies no reguladas".

Lobeira, que se hace eco de las denuncias de los armadores que afirman que se trate de una "pago de peaje", reclama conocer qué medidas ha emprendido el Ejecutivo autonómico y qué acciones pondrá en marcha para permitir mayor seguridad jurídica en estas aguas.

Regularización de embarcaciones

Por otro lado, el Gobierno central reconoció que Galicia cuenta con un número de embarcaciones por regularizar, conforme a la ley vigente, que es superior al resto de España y lo atribuye a las características de concentración de flota pesquera. Concretamente, esta cifra asciende a unas 2.270 embarcaciones.

En respuesta parlamentaria a la diputada en el Congreso Olaia Fernández Davila, el Gobierno apuntó que "hasta el momento, únicamente se registró un 30 por ciento" del total, con lo que "queda más del 70 por ciento de los expedientes pendientes de tramitar por la Xunta".

Así, se recibieron 2.270 solicitudes, de las cuales 644 fueron remitidas a la Secretaría General del mar, y quedan por recibir para informe el 71,6 por ciento, que corresponde a 1.626 expedientes. En el resto del Estado, el número de solicitudes sumaron 2.958, de las que recibieron su informe 1.144 y faltan por contar con él 1.817, el 61,3 por ciento.

Ante los datos, Davila denunció que, a la vista de estos datos, se demuestra que la Ley 9/2007 "no se adapta a la realidad gallega y confirma" lo que en su día advirtieron los nacionalistas en el Congreso, que "suponía un agravio para la flota gallega por las medidas y toneladas de registro bruto que se exigen para el registro".