Las acusaciones del caso La Loma han pedido ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Castro Urdiales la inhabilitación del alcalde del municipio, Fernando Muguruza.

Esta inhabilitación tendría carácter cautelar y afectaría a sus competencias urbanísticas, de contratación administrativa, y de dirección de personal, tanto como alcalde como concejal.

El escrito ha sido suscrito conjuntamente por la totalidad de las acusaciones personadas en el proceso, es decir, la acusación popular de La Unión, y las particulares de los vecinos afectados de La Loma y la Junta Vecinal de Santullán, que también piden que se convoque a las partes a una audiencia.

En la instrucción judicial de La Loma se investigan irregularidades urbanísticas en la construcción de urbanizaciones en esta zona, como la invasión de viales de dominio público o la finalización de viviendas sin abastecimiento de agua.

En el marco de esta investigación ya se acordó, en octubre de 2009, la retirada de las competencias urbanísticas y de contratación al regidor castreño, y en el mes de febrero, ante el temor a que siguiera ejerciendo las de urbanismo y a que destruya documentación, se dictó su ingreso en prisión, en una medida que luego revocó la Audiencia Provincial.

El escrito presentado conjuntamente por las acusaciones señala que debido a que la Audiencia no se ha pronunciado sobre otras medidas cautelares distintas a la prisión, Muguruza ostenta "de nuevo" todas las competencias inherentes a los cargos que desempeña en el Ayuntamiento. En este sentido, apunta que en el Consistorio castreño, la "figura y competencias" del alcalde hacen que este cargo tenga "un carácter personalísimo, esencial y determinante en toda la actividad administrativa, política y de contratación que despliega el Ayuntamiento", por lo que es un "elemento esencial en la decisiones que se toman, sean de urbanismo, de contratación o de la índole que sean".

Además, señala que dada la existencia de "indicios de delitos" en estas actuaciones "cuya comisión es atribuible al imputado", está "justificada" la adopción de la media cautelar, que preserva "las garantías del proceso no sólo frente a la sociedad sino frente a otros imputados".

Al respecto, indica que personal del Ayuntamiento, como la funcionaria Yolanda Sánchez, ha declarado que "el ámbito político era controlado por el alcalde", y el propio Muguruza, en su declaración del 26 de febrero, entiende que "por encima de todo están sus obligaciones como alcalde", y más adelante también afirma que "los ciudadanos después de la inhabilitación saben le que tienen como alcalde en el despacho del alcalde y saben que tienen un concejal de Urbanismo en el despacho de Urbanismo".

En opinión de las acusaciones, el "por encima de todo" que dice Muguruza "incluye estar por encima de todo, incluso de la ley y de las decisiones judiciales que cautelar y proporcionadamente le inhabilitaron en el desempeño de sus competencias de contratación y urbanismo". Así, sostienen que estas manifestaciones evidencian que el mantenimiento de las competencias municipales por parte de Muguruza "ponen en grave riesgo los intereses sociales y ciudadanos" sobre los que el regidor se sitúa, un hecho que se ha constatado "en su actitud frente a la justicia", demostrado en el quebrantamiento de la medida cautelar adoptada en su día.

El escrito recuerda que el Ministerio Fiscal solicitó el 26 de febrero de este año el ingreso en prisión de Muguruza para evitar la reiteración delictiva, y por este motivo en el primera comparecencia se pidió la paralización de los expedientes que afectaban a estas actuaciones, pero el alcalde "no ha cumplido con la resolución judicial ni, en general, con los asuntos que se enjuician en esta causa".

Al respecto, recuerda que el Ministerio Fiscal constató que el regidor ha seguido convocado reuniones que afectan al depósito del Monte Cueto los días 22, 27 y 16 de febrero, "aún estando inhabilitado". Además, apunta que "continúa ofreciéndose desde el Ayuntamiento una fuerte resistencia a la entrega de expedientes y documentación" necesaria para la "buena marcha" de las actuaciones, y que no es hasta que ingresa en prisión cuando documentación que no se encontraba en el Ayuntamiento "es entregada por un abogado, secretario de una de las asociaciones administrativas afectadas".OBSTACULIZACIÓN

Por otra parte, en el escrito se defiende que la inhabilitación es necesaria por cuanto se ha "puesto en evidencia" la "obstaculización del Ayuntamiento para la entrega de documentación referida a este procedimiento". En este sentido, señala que en el informe pericial de la funcionaria Paula Albors se expone que "esta documentación, que es fundamental para analizar lo ocurrido, debiera estar en el expediente y sin embargo no consta entregada a pesar del requerimiento judicial".

Como, en su opinión, el alcalde está siendo "fundamental en esta obstrucción", mientras continúe desempeñando normalmente sus funciones en el Ayuntamiento "no se podrá avanzar con las debidas garantías en el esclarecimiento de lo ocurrido, para lo que es determinante obtener la documentación municipal".

También apunta que la funcionaria Yolanda Sánchez declaró el 17 de febrero que Muguruza sigue interviniendo en los expedientes urbanísticos, por lo que considera "evidente" que "existe riesgo de que el imputado siga cometiendo hechos indiciariamente delictivos si no se adopta una nueva medida cautelar".

Estos comportamientos, continúa, alcanzan "tal gravedad" que "ponen en serio peligro las debidas garantías que tiene que tener el proceso", lo que aconseja decretar la medida cautelar "no sólo por las actuaciones realizadas hasta ahora sino por las que aún están pendientes de instruir" y para las que el alcalde supone "un serio obstáculo" a que se desarrollen "sin cortapisas", lo que pondría "en seria amenaza el resultado de las diligencias previas y en consecuencia el buen fin del proceso".

Igualmente señala que el auto de la Audiencia Provincial no se opone a la adopción de la medida "e incluso sugiere que ante los indicios de delito es posible la adopción de medidas cautelares distintas a la de prisión".

Por otra parte, el escrito refleja la petición de las víctimas de un "respeto" que Muguruza "hurta" y la búsqueda de soluciones o reparación de los daños que el alcalde "ha reconocido no poder ofrecer", lo que, en opinión de las acusaciones, apunta a "espurios motivos" por parte del regidor.

También consideran "absolutamente necesaria" la protección de las pruebas pendientes y las que aún quedan por obtener, así como proteger a los testigos que aún deben presentar declaración.

Las acusaciones insisten en que es "absolutamente necesario" que Muguruza "no pueda ni comprometer recursos públicos para proyectos relacionados con La Loma o informes y pruebas que dilaten la instrucción y enrarezcan la misma". "Y visto lo acontecido, Muguruza es peligroso si puede firmar decreto alguno o participar en tareas municipales".

Para concluir, señalan que "con el criterio manifestado por el propio Muguruza y la amplitud de funciones que se atribuye, haciendo incluso caso omiso a las delegaciones", sólo la inhabilitación de las funciones de alcalde "puede preservar la efectiva conclusión de la instrucción con las garantías necesarias para que todas las partes, testigos, imputados y juzgado".