UM apoya las medidas anticorrupción propuestas por Forcades y aboga por "buenas prácticas" en la gestión pública

La Plataforma Cívica por la Ejemplaridad en la Gestión Pública pide la eliminación de las empresas que no sean "absolutamente necesarias"

El presidente de Unió Mallorquina (UM), Josep Melià, mostró hoy su respaldo a las medidas dirigidas a "desincentivar" la corrupción en las instituciones, propuestas por la Plataforma Cívica por la Ejemplaridad en la Gestión Pública, al aseverar que "muchas" de las iniciativas coinciden "claramente" con las planteadas por la formación nacionalista en el marco de su proceso de refundación tras la imputación de varios ex cargos 'uemitas'.

Así lo destacó Melià en rueda de prensa tras reunirse con el portavoz de la plataforma, Alexandre Forcades, quien presentó al máximo dirigente 'uemita' el documento con las medidas formuladas y entre las cuales se pide mayor transparencia en la actividad administrativa, un incremento del control de los asuntos públicos, el fomento de la participación de la ciudadanía en estas cuestiones y la agilización de la justicia contra la corrupción.

Tras destacar que UM ha sido el primer partido en recibir a la entidad para abordar el documento, Melià abogó por impulsar "buenas prácticas" en la gestión de las administrationes y por hacerlo "desde la transparencia". Medidas por las que, dijo, velará la formación a partir del congreso que celebrará el 17 de abril de cara al replanteamiento de la estrategia de UM, numerosos ex cargos de la cual se encuentran imputados en varios casos de presunta corrupción.

"Nuestra intención pasa por replantear las prácticas políticas", incidió el presidente 'uemita'. Por su parte, Forcades consideró "insostenible" la situación política actual, en referencia a las investigaciones que se están llevando a cabo sobre supuesta corrupción en las administraciones, y recalcó la necesidad de "poner orden" de modo que, entre otros ejemplos que mencionó, "se pueda acelerar la concesión de licencias sin prevaricar y se supriman actuaciones repetidas por parte de distintas instituciones".

Mientras tanto, aludió a los últimos datos publicados por el barómetro de la ONG 'Transparencia internacional', que revela que la mayoría de los españoles considera a los partidos "corruptos" o "extremadamente corruptos". "La gente debe recuperar la confianza en las formaciones políticas, lo que hace que aumente el PIB, de acuerdo a algunos estudios", manifestó Forcades.

Enmiendas a la ley del sector público

Por otro lado, el portavoz de la plataforma cívica manifestó que la entidad presentará enmiendas al Proyecto de Ley del Sector Público de Baleares, para lo cual dispone de plazo hasta el próximo día 13. Entre las cuestiones que defenderá será que las auditorías de los organismos públicos sean más exhaustivas; que haya un comité de auditoría y que el presidente del Govern "se responsabilice de que lo que diga este órgano se ponga en práctica"; que se eviten incrementos de plantilla; se controle el nombramiento de gerentes, y se actúe, en definitiva, "con ética y sentido común".

En esta misma línea, Forcades recalcó la necesidad de "luchar" para eliminar las empresas públicas que "no sean absolutamente necesarias", mientras que consideró que la Sindicatura de Comptes debe tener potestad sancionadora y "poder para multar". En todo este contexto, el ex conseller de Economía del Govern recordó que el gasto público supone el 13 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), cifrado en unos 25.000 millones de euros.

Por su parte, Melià señaló que UM también presentará enmiendas a esta iniciativa, pese a matizar que la formación está "básicamente de acuerdo con su contenido". "Nos parece una buena idea dotar de mayor control los organismos públicos aunque enmendaremos el proyecto para introducir algunas mejoras y hacerlo más efectivo", remarcó.

Cabe recordar que el Círculo de Economía de Mallorca, la Cámara de Comercio, y los colegios profesionales de arquitectos y abogados han firmaron el acuerdo para la puesta en marcha de la plataforma cívica, mediante la que pretenden formular medidas destinadas a "desincentivar" la corrupción en las instituciones públicas, recurriendo para ello a "cambiar las reglas del juego" político.

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