El presidente de la Autoridad Portuaria de Gijón, Fernando Menéndez Rexach, se mostró hoy "plenamente satisfecho" por la decisión de la Fiscalía General de Asturias de archivar la denuncia presentada por un particular sobre los posibles delitos que se pudieran derivar de los sobrecostes de la ampliación de El Musel. Rexach indicó que la decisión judicial respalda una posible querella contra el ex ministro asturiano Francisco Álvarez Cascos, por comprar el caso con el del 'Palma Arena'.

En este sentido, explicó, en rueda de prensa en la sede portuaria, que actualmente están verificando la transcripción de la grabación radiofónica en la que supuestamente Cascos hizo esas declaraciones, para contrastar que lo aparecido en los medios corresponde con lo expresado por el ex ministro.

De ser así, apuntó que se procederá de igual modo que con el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, quien tras haberse manifestado en el mismo sentido en un programa de televisión, se le interpuso una papeleta de conciliación y, posteriormente, una querella criminal por injurias por no haber rectificado sus palabras.

Sobre esta última, señaló que el proceso sigue abierto y descartó que haya "dos varas de medir", con alusión al caso 'Palma Arena' en comparación con el archivo de la Fiscalía de los sobrecostes de El Musel.

Asimismo, recalcó que en la denuncia presentada por el ciudadano español pero residente en Luxemburgo, Ramón García Rodríguez, interpuesta el 15 de septiembre de 2009, la Fiscalía archivó la causa tras examinar "exhaustivamente" todo el expediente y no encontrar "ningún tipo de delito de ninguna índole".

También, a su juicio, demuestra la "absoluta legalidad" de la tramitación de las obras y del modificado de las mismas. Una legalidad que, según él, ya estaba refrendada por la vía administrativa y ahora también por la judicial.

La denuncia fue presentada a nivel particular contra el propio Rexach y el director del Puerto, José Luis Díaz Rato y cualquier otro que pudiera resultar responsable de posibles infracciones, prevaricaciones, malversaciones, estafas o apropiaciones indebidas que pudieran haberse cometido como consecuencia de las obras de ampliación, tras producirse unos sobrecostes de 216,31 millones de euros, es decir, un 43 por ciento más de lo presupuestado inicialmente.

Tras el análisis de la documentación, la Fiscalía refleja que ninguna de las actuaciones encaja en los tipos delictivos que el denunciante aduce en su escrito. Es más, afirma que la modificación del contrato realizada el 18 de diciembre de 2007 se rigió "estrictamente" por la normativa vigente en España, además de contar con informes favorables del Gobierno Central.

Con todo, la Fiscalía reconoce que el proyecto del superpuerto entraña una gran dificultad técnica, que derivó en sobrecostes, según la Autoridad Portuaria, derivados del incremento de precio de los materiales procedentes de canteras, de algunas mejoras técnicas y de oleajes inusuales que causaron perjuicios a las obras.

Por todo ello, Rexach resaltó que la denuncia "carece de absoluto fundamento". No obstante, apuntó que es posible que puedan presentarse más denuncias sobre los sobrecostes, aunque matizó que por el momento no tienen constancia de ello.