El PR asegura tener constancia de que la familia de Vallejo ha introducido 500.000 kilos de uva de fuera de la DOC

El presidente del Partido Riojano, Miguel González de Legarra, aseguró hoy que este partido, al igual que el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rioja, tiene "constancia" y "pruebas" de que la familia de la vicepresidenta del Gobierno riojano, Aránzazu Vallejo, ha vendido a bodegas de Rioja 500.000 kilos de uva de fuera de la Denominación.

Legarra ofreció una rueda de prensa, acompañado del secretario general del partido, Miguel Gómez Ijalba, para "hacer público" el que denominó como "el mayor fraude vitivinícola" en Rioja, y ante el que pidió al Consejo Regulador que "actué" o, en caso contrario, dijo, lo hará el partido.

El regionalista comenzó recordando cómo en la entrevista que, cada año, publica el Diario La Rioja en Navidad (y que calificó de publireportaje), el presidente del Gobierno, Pedro Sanz, responsabilizaba a las "trampas" de algunos agricultores de los excedentes de producción en la Comunidad.

Para el líder del PR, "es verdad" que algunos agricultores hacer trampa; "sobre todo, si tienen buenos padrinos". Estas palabras de Sanz, para Legarra, escondían lo que, ahora, conoce el propio Consejo Regulador y son los "500.000 kilos de uva de fuera de la Denominación que ha introducido la familia Vallejo-Fernández" en la actual campaña.

Uva que, según dijo tener "constancia", se ha vendido a bodegas de Rioja "usando cartillas de fincas no vendimiadas" como si fuese uva amparada. Se trata, dijo, del "mayor fraude llevado a cabo en la historia de la Denominación", que ha supuesto, en valor económico, "medio millón de euros" y que se ha hecho, apuntó, "bajo el paraguas de Sanz".

Preguntado por las pruebas con que cuenta el PR para estas acusaciones insistió en tener "constancia" de que se ha hecho, del mismo modo que tiene "constancia y pruebas" el Consejo Regulador. Por eso, pidió "explicaciones públicas" a los implicados; el consejero de Agricultura, Iñigo Nagore; y el presidente del Gobierno riojano, Pedro Sanz.

Ijalba, por su parte, indicó que este hecho supone atentar contra la normativa del Consejo Regulador y, también, la Ley 24/2003 de la Viña y del Vino y el delito "podría ser penal", dado que se trata de "una verdadera estafa".

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