Giménez indicó en un comunicado que el articulado de la Ley "hace referencias, además de al catálogo de servicios, a la implantación de una política de actuación basada en la prevención y en la coordinación sociosanitaria, como medio para establecer un modelo de atención centrado en las necesidades de las personas en situación de dependencia".

En este sentido, el portavoz de Aerte abogó porque las administraciones trabajen para que exista una "coordinación estrecha, e incluso la unificación, de las carteras de sanidad y bienestar social". El objetivo de esta política es "reducir el número de incidencias sanitarias como consecuencia de una adecuada cobertura asistencial y, de este modo, hacer sostenible el sistema de política social vigente, que se calcula que supondrá un coste entre sanidad y dependencia de 120.000 millones de euros en 2012".

Según el responsable de Aerte, "el principal problema es que los aspectos de prevención y coordinación se encuentran muy poco desarrolllados a fecha de hoy", lo que en su opinión "agrava la laxitud en la aplicación y gestión del catálogo de servicios por parte de las administraciones autonómicas y estatal".

Para Alberto Giménez, esta política "no es una apuesta subjetiva sino que viene precedida de resultados muy positivos en otros países", como el caso de Canadá, donde dijo que se ha llegado a reducir un 20% el impacto económico de las políticas sociales en el presupuesto estatal con modelos de colaboración similares al planteado.

Por otra parte, Giménez se mostró "sorprendido" por el planteamiento del Ejecutivo nacional de mantener el incremento del IVA para la dependencia "en vez de implantar el superreducido, cuando sí lo ha anunciado para otros sectores, cuestión que apoyan la gran mayoría de las fuerzas políticas del hemiciclo y que, además, refrenda sus planteamientos de defensa de las políticas sociales, sin olvidar de que hablamos de un servicio de primera necesidad para el que es de obligatoria aplicación este tipo impositivo, si bien espera una rectificación en ese sentido".

En este sentido, el presidente de Aerte destacó que el Gobierno y los grupos políticos "disponen de un estudio de la patronal autonómica que advierte de que la apuesta por la concertación de plazas para la asistencia sociosanitaria de este colectivo generaría más de 3.000 puestos de trabajo y un retorno económico neto de 44 millones de euros para la Administración General del Estado, únicamente en la Comunidad Valenciana".

El portavoz de la patronal añadió que el objeto de este estudio es demostrar con "datos objetivos" que la aplicación de políticas sociales hacia servicios de atención a la dependencia basados en la apuesta por creación de plazas o prestaciónes económicas vinculadas al servicio (PECV), "tiene un enorme efecto positivo sobre la sociedad y la economía de la Comunidad Valenciana".

Por tanto, Giménez subrayó que el informe indica que la apuesta por este modelo de política social "supone crear servicios de calidad y satisfacer adecuadamente los derechos de los dependientes junto a lo que podría calificarse de un negocio para el Estado", ya que "genera empleo, retornos presupuestarios superiores al coste de las plazas y ahorra prestaciones por desempleo al erario público".