El PP de la Región de Murcia expresó hoy su deseo de que mañana, en la reunión de la Ponencia de la Comisión Constitucional del Congreso encargada de informar de la Propuesta de la Reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, se llegue a un acuerdo "razonable" entre todos los grupos parlamentarios, así como "confiar en que haya una solución del trasvase justa, solidaria y técnicamente viable y constitucional".

Así lo trasladó hoy, en rueda de prensa, la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional, Ascensión Carreño, quien aseguró que "tanto los diputados nacionales como el Gobierno murciano utilizarán todos los medios que sean necesarios para impedir que ese Estatuto recoja lo que en imposición quiere recoger el Ejecutivo castellano-manchego".

De igual modo, consideró que los socialistas "deberían dejar a un lado los intereses particulares y la avaricia electoral esquizofrénica y no perder de vista el sentido común ni la Constitución".

En el caso concreto del secretario general del PSOE murciano, Pedro Saura, reclamó que "deje de gritar en Murcia y lo haga en Madrid".

"Que deje de esconderse detrás del presidente Ramón Luis Valcárcel y exija al verdadero responsable de la situación que atraviesa el Tajo-Segura que cumpla con su obligación, porque el problema del agua en la Región tiene nombre y apellidos, José Luis Rodríguez Zapatero", incidió Carreño, para recordar después que "no se ha oído a Saura exigir a Zapatero que cumpla con su responsabilidad, sino que guarda silencio mientras José María Barreda insulta a los murcianos".

Desconocimiento del texto final

En esta misma línea, la diputada 'popular' puso de manifiesto que desde el partido se conoce el texto inicial del Estatuto, pero no el texto final. "Conocemos que los socialistas quieren cerrar el grifo a todos los murcianos y también que el trasvase sigue vivo gracias al trabajo de Valcárcel y el PP", aseveró.

Y es que, advirtió, "si no hubiera sido por Valcárcel hoy tendríamos la caducidad y una reserva de 4.000 hm3 para Castilla-La Mancha".

De este modo, Carreño argumentó que "tras el análisis de prestigiosos constitucionalistas, con la información que se conoce, la reforma del Estatuto es jurídicamente inconstitucional, técnicamente inviable y políticamente impresentable la solución que se le quiere dar, estableciendo una reserva de 4.000 hm3 en su territorio".

Más aún, dijo, "cuando la capacidad de los embalses del territorio de Castilla-La Mancha es de 5.744 hm3 que, a día de hoy, en un intenso año de lluvias, almacenan 2.991 hm3 pero que la media de los últimos diez años es de 1.853 hm3 embalsados".

Es por ello por lo que resaltó que "cifrar la reserva o necesidades de Castilla-La Mancha en 4.000 hm3 es inviable técnicamente".

Frente a esto, Carreño aseguró que el presidente Valcárcel y el PP "continúan manteniendo las mismas posiciones en defensa de los intereses de los murcianos y del conjunto de los españoles de no ceder ante los ataques de los socialistas contra los intereses de los murcianos".

Igualmente, recalcó que la ordenación acerca de la concesión de recursos hidráulicos mantiene que cuando las aguas discurren por más de una Comunidad Autónoma "es competencia exclusiva del Estado, del Gobierno de la Nación, y ni el Congreso ni ninguna Comisión puede aprobar nada que vaya en contra de la Constitución, por que sería ir en contra de la propia naturaleza de la institución".

Tras lo que subrayó que el PP "no va a dejar de exigir hasta el último momento que se aplique la Constitución, y seguirá pidiendo al presidente del Gobierno que tome las riendas del asunto del agua, un bien de todos los españoles y que deje de mirar para otro lado".

Para la responsable del Grupo Popular, el Gobierno de Castilla La Mancha "no tiene la facultad para regular la materia del agua del patrimonio hidráulico nacional, conforme al articulo 2 de la Ley de Aguas, ni tampoco la facultad para velar o controlar los transvases, cuya decisión corresponde sin merma alguna, como dice la Sentencia del T.C.118/98, al Estado".

Por último, indicó que "es social y económicamente insolidario, porque del acueducto Tajo-Segura viven 100.000 familias que dependen del trasvase, personas que se verían abocadas al paro que todos decimos combatir".