El decreto, que sirve como base del nuevo texto y que se opone a la orden del Ministerio de Cultura que declara expolio del patrimonio histórico las actuaciones derivadas del PEPRI, está recurrido por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional y la nueva ley aprobada el pasado 25 de marzo lo deroga expresamente.

En la redacción del texto legislativo, el Consell argumenta que existen razones de "extraordinaria y urgente necesidad" que justifican la aprobación de la presente ley. Extraordinaria necesidad, en primer lugar, porque el PEPRI "no es un instrumento de planeamiento cualquiera, sino que es el plan que mayor controversia jurídica, política y social ha suscitado en la historia de la Comunitat Valenciana".

Asimismo, consideran que es de "urgente necesidad" porque el PEPRI se encuentra ya en una fase avanzada de ejecución, "estando comprometidos grandes recursos presupuestarios tanto de la Generalitat como del Ayuntamiento de Valencia, y siendo apremiante la necesidad de completar su ejecución, regenerando un entorno urbano muy degradado".

De esta manera, en la ley, que se basa en un decreto del Consell recurrido por el Gobierno central, estima que paralizar la ejecución del plan "daría lugar a una situación de incertidumbre, de dejar las cosas a medias, que ahondaría la degradación del Cabanyal con el consiguiente empeoramiento de la calidad de vida de sus vecinos y del resto de ciudadanos de Valencia, menoscabando los enormes esfuerzos puestos en dicho barrio por el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat durante la última década".