La Delegación Especial de la Agencia Tributaria estatal en Andalucía, Ceuta y Melilla abrió entre 2003 y 2007 más de 500 expedientes tras iniciar en la Comunidad más de 3.000 investigaciones sobre la utilización de grandes cantidades de efectivo con billetes de alta denominación, esto es, de 500 euros.

Según indicó en una entrevista con Europa Press la delegada especial en la zona, Pilar Fernández Marín, de esos 500 expedientes, algunos de ellos llegaron a tramitarse como delitos y fueron remitidos a la Fiscalía.

Fernández Marín destacó el comportamiento y el trabajo "ejemplar" efectuado por los efectivos de la Agencia en Andalucía en materia de control tributario y lucha contra el fraude, de forma que en la Comunidad, como en el resto de España, el 58 por ciento de actuaciones se dedica a combatir el gran fraude fiscal.

Así, destacó el trabajo "ejemplar" en Andalucía en la lucha contra las tramas de IVA y contra la corrupción urbanística, con casos concretos como las operaciones 'Poniente', 'Astapa' o 'Malaya', entre otros.

La delegada especial destacó la especial incidencia de casos de corrupción urbanística en Andalucía, comunidad donde "hay mucho urbanismo y mucho suelo y donde se ha construido mucho durante el 'boom' inmobiliario, lo cual ha dado lugar a formas de fraude muy importantes, con sus correspondientes actuaciones contra éstas".

"En Andalucía hemos centrado gran parte de nuestros esfuerzos y nuestros efectivos en luchar contra la corrupción inmobiliaria, obteniendo importantes resultados", aseveró.

Asimismo, recordó en ese sentido que se pasó de la corrupción centrada en los ámbitos societario y político en los años 80 y 90 a la corrupción urbanística registrada entre los años 90 y 2000, tras lo que reconoció que en los últimos meses se ha reducido las actuaciones en el sector inmobiliario, el registrarse una disminución de dicha actividad urbanística.

De esta forma, según explicó, parte de los efectivos que antes se dedicaban al sector inmobiliario ahora se han trasladado a otros sectores donde también se está trasladando el fraude, por lo que desplazarán las actuaciones desde el sector inmobiliario hacia otras áreas.

La delegada especial explicó en ese sentido que, dentro del gran fraude, la Agencia Tributaria está trabajando fundamentalmente en el control y vigilancia de despachos profesionales "que diseñan estructuras separadas con base fiduciaria para ocultar el verdadero titular de los fondos inversores en España", además de luchar contra las "deslocalizaciones fiscales de personas físicas que formalmente no son residentes pero que tienen patrimonio y estructura empresarial en España" o luchar contra los paraísos fiscales.

Además, también acometerán más actuaciones en ciertas áreas aduaneras y portuarias para controlar mercancías de textil o calzado procedentes de países asiáticos en gran parte y que ejercen competencia desleal en materia de precios, toda vez que "en valor de aduana declaran menos que el valor real de los productos", y además se controlará el comercio minorista "con precios notoriamente más bajos". También se llevarán a cabo actuaciones contra la facturación irregular o trabajadores no declarados y sin contrato, todo ello, según marca el Plan de Integral de Lucha contra el Fraude Fiscal.

Menos delitos fiscales y más derivaciones y aplazamientos

Además destacó que en 2009 han aumentado en todo el Estado el número de expedientes de recaudación por derivaciones de responsabilidad, esto es, cuando el titular que ha cometido el fraude es insolvente o ha establecido estructuras opacas y hay detrás personas a las que se les pueda solicitar subsidiaria o solidariamente la responsabilidad de cumplimiento de obligaciones tributarias.

Así, en Andalucía se registraron el pasado año 888 derivaciones de responsabilidad, mientras que a nivel nacional se incrementaron estas actuaciones en un nueve por ciento, hasta casi 5.000 actuaciones, mientras que el importe recaudatorio de esas actuaciones hasta la fecha asciende a 850 millones de euros, un 91 por ciento más que la misma fecha que el año anterior.

La delegada destacó el descenso del importe de los delitos fiscales registrados el pasado año a nivel nacional, con un descenso del 18 por ciento hasta un importe cercano a 700 millones de euros, siendo el importe medio de las cuotas defraudadas por delitos en 2009 de un millón de euros, un 34 por ciento mas que el año anterior. Agregó que de los expedientes judicializados se incrementaron en un 1,7 por ciento los delitos económicos o de blanqueo de capitales.

Fernández Marín también reconoció los efectos de la crisis en materia de gestión tributaria, de forma que existe un descenso en la recaudación líquida, en el volumen de ingresos y en la base imponible declarada. En ese sentido apuntó el incremento en más del 200 por ciento de las solicitudes de aplazamientos y fraccionamientos del pago de tributos.

Asimismo, destacó que en 2010 se incorporarán a nivel nacional 900 efectivos de todos los cuerpos de control tributario, con más personal para "combatir el fraude fiscal".

Campaña ciudadana

Pilar Fernández Marín quiso hacer asimismo un llamamiento a todos los ciudadanos, toda vez que "luchar contra el fraude fiscal es problema y responsabilidad de todos", y precisó que a nivel nacional se va a llevar a cabo una campaña dirigida a la sociedad en general y al consumidor para "entre otras cosas, pida la factura".

Recordó que el fraude fiscal tiene efectos en la sociedad, ya que "se detraen recursos públicos, disminuyen los ingresos, por lo que debilita la calidad de las prestaciones sociales y de los servicios", a lo que se suman los efectos en el ámbito empresarial, donde el fraude "ejerce una competencia desleal por parte del incumplidor que no paga impuestos frente al empresario que quiere cumplir con sus obligaciones tributarias, que hace que incluso las empresas cumplidoras tengan que cerrar o desplazarse del mercado al no querer entrar en la dinámica del fraude fiscal".

"El que cumple, que esté tranquilo, ya que no corre riesgos, pues desde Hacienda iremos contra el gran defraudador y contra la economía irregular; queremos que el que defrauda sienta el miedo a defraudar y que ese fraude no queda impune", aseveró.