La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas acogerá mañana (09.30 horas) el juicio con Tribunal de Jurado contra J.C.L.R., acusado de un supuesto delito de homicidio, según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público al que ha tenido acceso Europa Press.

El fiscal precisa que el acusado ha sido condenado ejecutoriamente, entre otras, como autor de un delito de atentado en virtud e la sentencia firme de 23 de febrero de 2006, dictada por el Juzgado de lo Penal número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, si bien, ninguno de los antecedentes penales con que cuenta es computable a efectos de reincidencia.

En su escrito, la Fiscalía señala que en hora no determinada de la madrugada del día 10 de noviembre de 2007 J.C.L.R. se dirigió a la Urbanización La Paz, en el Polígono de Arinaga, y, una vez allí, se encontró con un hombre, a quien el acusado conocía por ser vecino de la zona.

Comenzó una fuerte discusión con él, en el curso de la cual propinó a éste "diversos golpes y puñetazos en la cara hasta dejarlo semiinconsciente en el suelo".

"a mí se me respeta"

Después de ello, el acusado fue hasta la vivienda de un conocido para que éste le ayudara a ir en coche hasta su casa y, una vez que ambos hubieron bajado, J.C.L.R., "guiado por el indiscutible propósito de acabar con la vida del hombre al que había golpeado, y aprovechando que éste se hallaba tendido en el suelo y en estado de semiinconsciencia le propinó varios golpes y patadas.

Incluso, según el fiscal, el acusado llegó, en última instancia, a "estampar su cabeza contra el pavimento al tiempo que le decía gritando: "a mí se me respeta"".

A causa de tal agresión, la víctima permaneció en estado "agónico" varios minutos y falleció posteriormente fruto del traumatismo craneoencefálico agudo tras los golpes y heridas ocasionadas por parte del acusado, que se encuentra en prisión provisional comunicada y sin fianza por esta causa desde el día 14 de noviembre de 2007.

Por todo ello, la Fiscalía ha solicitado imponer al acusado la pena de 15 años de prisión por un presunto delito de homicidio. Además, en concepto de responsabilidad civil reclama que el procesado indemnice a los legítimos herederos de la víctima con 90.000 euros.