En total están afectadas unas 300 personas pertenecientes a medio de centenar de familias y la mayoría de ellas aún no han terminado de pagar la hipoteca de estas viviendas que, "al margen de lo que pueda parecer" por estar en una zona costera, son su "primera y única residencia".

"Somos trabajadores del pueblo y estamos desesperados porque hemos invertido toda nuestra vida aquí", relató a Europa Press María Dolores. Ella una de las afectadas que compró su vivienda después de que la Junta iniciara el proceso judicial por considerar que la licencia "incumplía las previsiones del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)".

En este sentido, María Dolores dijo no comprender por qué si el Gobierno andaluz tenía pruebas de esta ilegalidad no "dejó algún tipo de aviso legal en el registro" o trató de evitar que la promotora vendiera las casas a "gente de buena fe".

Aseguró que en el momento de la compra ella hizo todos los trámites legales y no se encontró con ningún problema, motivo por el que nunca hubiera sospechado este desenlace judicial y aunque dijo desconocer si la Junta tenía la obligación legal de avisar de esta situación cree que, "moralmente", debió hacerlo.

Tras conocer que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha estimado el recurso presentado por la Junta de Andalucía en contra del acuerdo plenario por el que se concedió la licencia, los vecinos comenzaron a organizarse y, tras mantener varias reuniones, ya han puesto su problema en manos de un abogado, confiando en que la situación pueda resolverse sin que sus hogares se ven afectados.

Fue en 2002 cuando el pleno del Ayuntamiento de Almuñécar, gobernado por PSOE, PP y PILH, votó por mayoría el estudio de detalle presentado por la citada empresa mercantil para la construcción de estas viviendas y acordó desestimar las alegaciones presentadas en su momento por considerar que el procedimiento se ajustaba "plenamente" a la legislación urbanística vigente. Asimismo, se aprobó el proyecto de compensación en la citada urbanización y la delimitación poligonal en la Urbanización Los Pinos

Tras este acuerdo plenario, la Junta de Andalucía interpuso un recurso que estimaba que la licencia concedida "incumplía las previsiones del PGOU en cuanto a zonificación y edificabilidad" y aludía a una modificación del planeamiento general que no estaba permitida en el Estudio de Detalle, asuntos sobre los que el TSJA ahora le ha dado la razón.