Las empresas dedicadas a la traducción e interpretación pidieron hoy una mayor remuneración económica al Gobierno por la "responsabilidad y dificultad" que conlleva buscar a determinados intérpretes dada la extensa variedad de idiomas, sobre todo en su trabajo en los juicios.

En declaraciones a Europa Press, el director de la compañía de interpretación y traducción Ofilingua —que lleva trabajando ocho años en Andalucía y 20 en Granada, donde nació— Melchor Fernández, manifestó que las distintas administraciones "tienen que saber que estos trabajos tienen que estar convenientemente remunerados", ya que "dependen de los traductores para poder ejecutar la vía legal" como sucede en muchas ocasiones cuando se trata de interpretar en una sesión judicial.

En este sentido, comentó la "dificultad" que supone en muchos casos encontrar a un intérprete de una "lengua exótica como puede ser el somalí", pues hay muy pocos traductores que conocen el idioma, lo que por consiguiente "debería valorarse más, por particularidad, y también por el delicado trabajo ante el que se enfrentan, pues su actividad está relacionada con el derecho de los ciudadanos que tienen para poder ser entendidos y escuchados".

De manera que en un juicio "muchos detenidos piden variedades de la lengua vehicular cuando conocen que tienen el derecho de que se les tome declaración en un idioma muy concreto" como puede ser el hassanya, variedad del árabe, lo que entraña que al ser un idioma poco usual en España, "lo más probable es que sea familia del sujeto demandante, o al menos un conocido". Así, la empresa debe comprobar este hecho para que el intérprete realice un trabajo "más objetivo", antes, claro está, de que los órganos legales pudieran descubrir dicho parentesco.

De este modo, recordó la anécdota de un juicio que tuvo lugar en Teruel y que fue suspendido al darse la circunstancia de que el único intérprete de idioma chino —idioma que se necesitaba en cuestión— afincado en la capital turolense que figuraba en la lista de traductores del Palacio de Justicia era el propio acusado.

Idiomas más demandados

El árabe, el rumano y los idiomas de los países del Este de Europa, como Rusia, se alzan como los más demandados en las traducciones contratadas por los sistemas judiciales en Andalucía, tratándose de una variedad idiomática de aproximadamente 80 lenguas.

De la misma manera, el director de Ofilingua aseguró que los idiomas demandados tienen que ver con la zona en la que se trabaja, y apuntó que en la Costa del Sol se piden traductores de inglés, "sobre todo en los meses de verano", y añadió que el chino y las distintas lenguas de la India, como el hindi —el más hablado—, el penyabi o el urdu, se solicitan "cada vez más".

Por otra parte, Fernández indicó que "el 50 por ciento de las traducciones judiciales —que suelen ser bilaterales, es decir, se realiza la pregunta en el idioma originario y se traduce, y a continuación se responde traduciéndose también esta respuesta— llevadas a cabo en Andalucía se registran entre Málaga y Almería", puesto que "la mitad del trabajo se halla en la costa mediterránea de la Región".

Así, aseguró que esta Comunidad, junto a Madrid, Valencia y Cataluña son las que registran el mayor número de interpretaciones judiciales realizadas en España al contar las mismas con más inmigrantes que otras regiones.

Contratación por subasta

Según la Asociación Nacional de Empresas de Traducción e Interpretación (Aneti), en los últimos años han proliferado los procedimientos de contratación de servicios de traducción, por parte de algunas administraciones, mediante la modalidad "temeraria" de subasta, en los que el precio más bajo ofertado por el licitador es "el único criterio de adjudicación del contrato de servicios, sin tener en cuenta otros aspectos como la calidad del servicio".

Además, según afirmó Aneti, los precios máximos de licitación son "tan exiguos" que no llegan a cubrir "ni de lejos" las expectativas de los profesionales de la interpretación y tampoco contemplan los recursos que las empresas gestoras necesitan para ofrecer su trabajo, reconociendo, sin embargo, que las condiciones de los servicios que contratan las administraciones públicas de Andalucía o Navarra "son más propicias para garantizar unos servicios de interpretación judiciales a la altura de las garantías constitucionales".