El PSPV considera que los compradores de la televisión municipal "no garantizan su solvencia"

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Valencia lamentó hoy la "opacidad" y la "premura" con la que, a su juicio, se ha llevado a cabo la compra-venta de la mayor parte de las acciones de Administración y Gerencia de Ondas 13, la compañía concesionaria de la prestación del servicio de la empresa pública Televisión Municipal de Valencia (TMVA), y consideró que la compañía compradora, 123 Comunicaciones SL, "no garantiza la solvencia económica, técnica y comunicativa del servicio".

Al respecto, la concejala socialista y miembro del consejo de administración de la televisión pública Mercedes Caballero apuntó que 123 Comunicaciones se constituyó el 6 de noviembre de 2009 con un capital social de 8.100 euros, "sólo 12 días antes del 18 de noviembre, cuando el consejo de administración de TMVA aprobara, con el voto favorable de los tres representantes del equipo de gobierno, autorizar un cambio accionarial en la empresa Administración y Gerencia de Ondas 13.

Según explicó, el cambio accionarial implicaba la venta de las 1.124.816 acciones (el 84,8 por ciento de la concesionaria de la prestación del servicio) que eran propiedad de la empresa Producciones Audiovisuales Digitales de Alicante, controlada por José Luis Ulibarri, imputado en el 'caso Gürtel'.

Caballero sostuvo que la empresa que adquirió estas acciones fue creada por otras dos compañías, Aiztea SL y Fair Rod-Carr SL, con capital social de 5.000 y 3.100 euros, respectivamente.

"Este capital social parece insuficiente para comprar las 1.124.816 acciones de las que disponía José Luis Ulibarri", aseveró la concejala, para quien "la operación no garantiza la viabilidad económica de la empresa concesionaria".

Asimismo, Caballero criticó la "premura" con la que se llevó a cabo la operación, pues Fair Rod-Carr SL se constituyó el 3 de noviembre de 2009, sólo tres días antes de que, junto a Aiztea SL, constituyera 123 Comunicaciones SL.

Además, consideró que "tampoco está garantizada la calidad de los contenidos que vaya a ofrecer la empresa concesionaria, pues ninguna de las dos compañías que han formado la mercantil compradora tiene experiencia en la elaboración de contenidos televisivos".

Comentó que, en concreto, Aiztea tiene como objeto social "todo tipo de asesoramiento, consultoría, instalación y mantenimiento en materia de telecomunicaciones y los servicios de intermediación comercial" así como la "intermediación en la prestación de servicios de asesoramiento técnico, económico, financiero, jurídico, tributario, comercial y de dirección de empresas".

Por su parte, Fair Rod-Carr tiene como objeto social el "asesoramiento en materia de inversión inmobiliaria, la compraventa y explotación de toda clase de fincas, rústicas o urbanas, así como la urbanización, parcelación, construcción, promoción y rehabilitación, por cuenta propia o ajena, de todo tipo de inmuebles".

Por ello, Caballero manifestó que "no queda garantizada la solvencia de la empresa concesionaria, dada la premura con la que se ha llevado a cabo la creación de la empresa compradora así como la nula experiencia de Fair Rod-Carr y Aiztea SL en gestión y producción de productos televisivos". Además, lamentó "la opacidad con la que se llevó a cabo todo el proceso, ya que, hasta el último momento, no se inscribió la empresa en el Registro Mercantil".

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