En rueda de prensa, Bados se refirió así al hecho, según publica hoy 'El Día de Córdoba', de que el secretario general de la Cámara de Comercio, José Enrique Fernández de Castillejo, y el secretario de la Junta Electoral del organismo cameral, Juan Diego Iranzo, han puesto en manos del fiscal toda la documentación obrante en poder de la institución sobre el voto por correo, parte del cual fue anulado por problemas de índole administrativa y otra parte por la intervención de un perito calígrafo.

Ante esto, Bados insistió en que le satisfacía que intervenga en este asunto la Fiscalía, pues dijo estar "convencido de que algunos de los que ahora acuden al fiscal no saldrán impunes", ya que podrían ser responsables de algunas medidas adoptadas, al margen de la normativa, que hicieron que no se le contabilizaran más de 300 votos a Comercio Córdoba.

De hecho, al margen de lo que determine la Fiscalía, la patronal del comercio ha dejado en manos de sus servicios jurídicos el estudio de las acciones que podría adoptar, en el ámbito judicial, contra el secretario general de la Cámara, por supuestamente incumplir la Ley de Procedimiento Administrativo, "que determina buena parte de la normativa que rige el proceso electoral en la Cámara".

Esta medida se adoptaría en relación con la contratación por el secretario de la Cámara, sin aprobación ni conocimiento previo de la Junta Electoral, del citado perito calígrafo, cuya intervención en la verificación de firmas de las solicitudes de voto por correo, sin someterse a contradicción, le ha "hurtado a Comercio Córdoba más de 300 votos, y eso no puede quedar impune".

En cualquier caso, ello no impidió que, en las elecciones de la Cámara, Comercio Córdoba obtuviera el 55 por ciento de todos los votos emitidos, cumpliendo así su objetivo de controlar más de un tercio del Pleno de la institución cameral, al contar con 18 de sus 51 vocalías, once más de las que obtuvo en los anteriores comicios.