Los objetivos de la medida son extender una cultura de defensa jurídica activa, y el reforzamiento del activismo jurídico, con arreglo a la visión Derechos Humanos/Discapacidad, así como la activación a través de múltiples canales y dispositivos de la Convención de la ONU.

La red va a estar coordinada por el Cermi Estatal, en concreto, por Óscar Moral, asesor jurídico, Ana Sastre, delegada para la Convención de la ONU, con un método de trabajo basado en la agilidad, flexibilidad e inmediatez en el desarrollo de la actividad, y ligada al estudio y seguimiento de casos o situaciones graves de discriminación (Derecho del caso), cuya resolución favorable suponga un avance genérico para todas las personas con discapacidad o para un amplio número.

Participacion de extremadura

La participación de Extremadura desde Cermi Extremadura será a través del responsable del servicio jurídico de la entidad, Alfonso Cortes, que ha venido participando desde sus comienzos en esta iniciativa y que formó parte de las primeras reuniones que se celebraron en su día en el Cermi Estatal e incluso expuso en Madrid como buena práctica el Servicio Jurídico con el que Cermi Extremadura cuenta.

Entre otros cometidos la DLD se va a centrar en la alerta temprana y puesta en común de casos o situaciones graves de discriminación o de violación de derechos de personas con discapacidad, análisis de casos para preparar respuesta político/jurídica, respuesta administrativa y jurisdiccional.

Además, se encargará de la confección de una base de datos de casos y de indicadores de medición de la discriminación contra la discapacidad, y será germen de propuestas normativas, cuando sean necesarias para atacar la vulneración, generación y puesta en común de materiales, información, doctrina, posiciones, etc, que favorezcan la defensa jurídica, formación o cualificación de los componentes de la Red, informó Cermi Extremadura en nota de prensa.