De la misma manera, informó de que el Ejecutivo regional realiza actividades inspectoras, de control de calidad de los productos de consumo y diferentes actuaciones en materia de consumo y recalcó que, en concreto, el Instituto de Consumo mantiene campañas permanentes de información y formación, como las Escuelas de Consumo, o el Consumobús que recorre los municipios de la región.

Durante la reunión de la Comisión de Cooperación Internacional, Comunicación y Consumo de la Asamblea de Extremadura, Guerra hizo referencia a los "múltiples" canales y alertas que existen para "hacer respetar" los derechos de los consumidores, para "sancionar a quienes no los cumplan y reparar el daño causado".

Así, indicó que la normativa en este sentido es muy reciente y que está en continuo cambio con lo que, a su juicio, este hecho concede "la mayor seguridad" a los consumidores, además de que las empresas "se esfuerzan" por establecer líneas de calidad ya que el consumidor cada vez es más exigente y elige productos más seguros.

Ana María Guerra respondió de esta manera a la pregunta formulada por la diputada del Grupo Parlamentario Popular Felisa Cepeda quien preguntó si la Junta de Extremadura considera que el etiquetado de los productos alimentarios garantiza los derechos de los consumidores.

En su turno de intervención, Cepeda afirmó que la normativa actual en esta materia está "fallando" ya que la percepción de los consumidores es que "no se le garantiza su seguridad y derecho a la información".

La 'popular' aludió a algunos estudios realizados en los que se pone de manifiesto que la opinión de los consumidores es que las etiquetas contienen "demasiada información de poca utilidad" y "no ayuda" a tomar decisiones sobre compras saludables, además se dice que en general son "confusas y poco claras".

Cepeda también consideró que la tramitación de las reclamaciones por infracciones alimentarias es "muy lenta" y añadió que "falla el sistema de vigilancia y falla la normativa puesto que no se garantiza que las declaraciones nutricionales sean comprensibles, veraces y útiles y correspondan a las expectativas del consumidor".

Para mantener la confianza de los consumidores, el PP consideró necesario una mayor coordinación de las actuaciones de inspección entre las diferentes administraciones; el desarrollo de campañas informativas para conocer los productos alertados; aumentar las campañas de información sobre el etiquetaje de productos; y que la formación contenida en la etiqueta sea "más completa y legible" con el objetivo de alcanzar niveles "más altos" de seguridad en los productos alimentarios y "prevenir los riesgos que representan para la salud".