Silva se refirió así a la decisión del Gobierno de España, que en el último Consejo de Ministros celebrado el pasado viernes 26 de marzo acordó interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de la Comunidad autónoma de Aragón 9/2009, de 22 de diciembre, reguladora de los Concejos Abiertos al entender que es contraria a la regulación prescrita en la Ley de Bases de Régimen Local.

En rueda de prensa en Zaragoza, tras firmar un acuerdo con la Universidad de Zaragoza para crear una Cátedra de Derecho Local, Rogelio Silva apreció que "a veces surge la discrepancia" con una Ley, para indicar que "estas cosas suceden, pero nosotros entendemos que tenemos unas competencias en materia de administración local e intentamos desarrollarlas", aseveró.

Así, el proyecto de Ley de Concejos Abiertos recibió el apoyo "de todos los grupos políticos de las Cortes de Aragón" en su aprobación y "solamente contó con la abstención de IU", apuntó, para remarcar que "cuatro partidos votaron sí" a esta Ley.

Por ello, "si ahora surge alguna discrepancia, habrá que solucionarla donde corresponda, pero entendemos que tenemos que desarrollar nuestras competencias y eso es lo que hemos hecho", concluyó el consejero.