Arca se ha mostrado "dispuesta" a sentarse con los ayuntamientos para "dialogar" y tratar de llegar a un acuerdo en materia de sentencias de derribo. La única "condición" que esta asociación ecologista pone es que en dicha negociación se parta de un documento con "alternativas legales".

De hecho, la agrupación ha presentado al Parlamento cántabro una solicitud en la que pide que se garantice y refuerce el cumplimiento de la legislación vigente, especialmente las normas relacionadas con el urbanismo, justo "lo contrario" de lo que "quieren los políticos".

También solicita medidas legales para que "desaparezca" la especulación urbanística y propone, en este sentido, que se recorten las competencias de los consistorios en la materia.

Asimismo, Arca aboga por la implantación de una "cultura de la transparencia" por parte de las administraciones hacia el ciudadano, y el establecimiento de protocolos para que los compradores de viviendas con sentencias de derribo tengan una "compensación justa".

El contenido de esta solicitud fue dado a conocer hoy, en rueda de prensa, por el presidente de la asociación, Gonzalo Canales, quien señaló que los ayuntamientos son los "principales responsables" de la situación generada en la región. Por ello, consideró que las administraciones locales "deberían empezar por ejecutar los derribos", aunque manifestó que cree que "no están por esa labor".

Así, indicó que en todo este proceso, el Ejecutivo autonómico "no pinta nada", aunque matizó que debería "jugar el papel de la tutela", para que fuera "garante" del cumplimiento de los acuerdos que se alcancen y las sentencias de demolición.

Canales insistió en que "si los ayuntamientos están dispuestos a derribar", en Arca estarían "dispuestos también a hablar de plazos", a pesar de que, como recordó, "han pasado diez años" desde que se dictaron las primeras sentencias firmes de demolición en la Comunidad.

Así, la asociación sería "flexible", como ha ocurrido con la depuradora de Vuelta Ostrera, en Suances, sobre la que pesa sentencia firme de derribo por parte del Tribunal Supremo (TS), sentencia que se ejecutará una vez se busque una alternativa para esta instalación.AYUNTAMIENTOS,

Nicho de especulación y corrupción

El presidente de Arca lamentó sin embargo que en la última década se ha trasladado un "mensaje muy claro" en Cantabria, el de que "no se tira nada" y "no pasa nada" por esas sentencias.

No obstante, valoró que si bien la Administración de Justicia es "lenta", "se toma en serio su trabajo" y ejecuta las sentencias, por lo que recalcó que "está a la altura" de los valores democráticos.

Frente a ello, Canales opinó que los ayuntamientos han "demostrado" que son un "verdadero nicho de especulación y corrupción", ya que según dijo han "ninguneado" las sentencias de demolición, "otorgando licencias" y "no informando" de la situación a los compradores.

Añadió que los consistorios han demostrado que prefieren "hacer trampas y triquiñuelas legales" para que no se ejecuten las sentencias antes que "dialogar", ya que en diez años "ni siquiera han llamado" para intentar "solucionar" este "grave problema". Precisó que la "excepción" es el Ayuntamiento de Arnuero, que ha "intentado" cumplir las sentencias.

Una patada

El presidente de Arca también criticó la "enorme irresponsabilidad" de los ayuntamientos al pedir ayuda al Gobierno instándole a que modifique las leyes para "evitar" las sentencias. Ello demuestra, en su opinión, que ambas administraciones han "dado una patada" a la Democracia y al Estado de Derecho, y éste "no es el camino", advirtió.

Por último, Canales defendió que el "único delito" de la asociación que preside es haberse "limitado a solicitar el cumplimiento de la ley".