La Proposición de Ley de Autoridad Pública del Profesorado Andaluz que el PP-A ha presentado a la mesa del Parlamento de Andalucía no incluye a los docentes de la enseñanza privada, sólo a los que ejerzan su actividad en "centros docentes sostenidos con fondos públicos no universitarios", según la proposición de Ley a la que ha tenido acceso Europa Press.

Esta propuesta contrasta con el proyecto de Ley redactado por la Comunidad de Madrid sobre Autoridad del Profesorado cuyo texto fue ya aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado mes de enero y, en la actualidad, se encuentra a la espera de su aprobación definitiva en la Asamblea de Madrid en esta primavera.

Así, mientras que el Ejecutivo de Aguirre incluyó a los colegios privados en su iniciativa después de las recomendaciones hechas por el propio Consejo Escolar, el proyecto de los populares andaluces limita la consideración de autoridad pública a los profesores de la enseñanza pública y concertada.

Según explicó a Europa Press el portavoz de Educación por el PP-A en el Parlamento andaluz, Santiago Pérez, la diferencia entre un texto y otro responde a "cuestiones jurídicas" ya que, tras consultarlo con algunos expertos en la materia, "no estaba muy clara" la competencia o no de la Junta de Andalucía en este asunto y los 'populares' optaron entonces "por extender la norma sólo al ámbito público y concertado".

"El problema es que, como autoridad pública, nosotros entendemos a los funcionarios o a los docentes cuyos centros tengan relación directa con la Administración, en cuanto que participan de toda su normativa o están acogidos a unos convenios y conciertos", razonó Pérez.

No obstante, el parlamentario quiso dejar claro que "si jurídicamente se pudiera, el PP sería el primero en incluirlos" en su proposición de Ley porque, en su opinión, "las normativas tienen que ser generales y afectar a todos por igual".

Sin embargo, estas razones jurídicas a las que hace referencia Pérez no impidieron que la Comunidad de Madrid aprobase el pasado 14 de enero el proyecto de Ley de Autoridad del Profesorado porque, según explicó entonces la consejera de Educación madrileña, Lucía Figar, los servicios jurídicos consultados por su departamento estimaron que "el argumento para incluir a los profesores de la concertada, que son los que tienen una relación contractual con una empresa o con una cooperativa pero no con la administración, que es quien aporta los fondos para el pago de las nóminas, es válido también para los docentes de la privada".

Actuar de oficio

Por otro lado, la propuesta de Ley del PP-A apuesta porque la Administración educativa actúe "de oficio" y por tanto, "adopte las medidas oportunas para garantizar su adecuada protección y asistencia jurídica, así como la cobertura de su responsabilidad civil, en relación con los hechos que se deriven de su ejercicio profesional y de las funciones que realicen dentro o fuera del recinto escolar".

La inclusión de este artículo se debe, según explicó Pérez, a que "hay muchas ocasiones en las que el profesor no actúa por miedo o por coacción" y, de este modo, se puede evitar que "se sienta solo" y se garantiza, por otro lado, que "la Administración esté con el profesor y, lógicamente, actúe en su favor por iniciativa propia".

Asimismo, se reconoce en la citada proposición de Ley que "la declaración o manifestación en acta de los profesores en cuanto a los hechos observados directamente por los mismos gozará de presunción de veracidad, siempre que se formalicen por escrito en un documento con los requisitos establecidos reglamentariamente, sin perjuicio de las pruebas en contrario".