El portavoz del grupo territorial del PP en el Senado, Pedro Agramunt, explicó en un comunicado que "ante el silencio de la alcaldesa, Eva María Roig, a nuestro escrito y la negación del Pleno Municipal de desempadronar a De La Vega en Beneixida hemos trasladado a la administración autonómica y estatal la situación, puesto que se está incumpliendo la legalidad una vez detrás de otra".

Para Agramunt, "es sorprendente la actitud del equipo de gobierno municipal que se niega, incluso, a estudiar la situación irregular en la que se encuentra la vicepresidenta del Gobierno desde 2007 en el padrón municipal, como han señalado incluso un juzgado madrileño".

Los senadores, en su escrito, indican hasta seis "irregularidades" referentes al empadronamiento de la vicepresidenta. La primera de ellas se refiere a "cuando la alcaldesa autorizó a dar de alta en el censo a De la Vega porque, como marca la ley, se señaló específicamente que su domicilio habitual pasaba de estar en Madrid para establecerse en Beneixida, lo que todos los valencianos sabemos que es totalmente falso".

Asimismo, apuntan que otra de las "infracciones" es la resolución de la alcaldesa de Beneixida para incluirla en el ceso electoral "permitiéndole votar en una circunscripción diferente a la que le corresponde a su vecindad real".

"Debido a la evidente discrepancia entre su domicilio real y el de empadronamiento, la alcaldesa ha incumplido su obligación de cursar la baja por inscripción indebida, así como imponerle la sanción establecida en el Decreto 1690/1986", manifestó Agramunt.

El dirigente 'popular' recordó que el pasado 4 de diciembre presentaron en la Subdelegación de Gobierno de Valencia un escrito dirigido al Ayuntamiento de Beneixida en el que se apuntaba la "necesidad" de dar de baja de oficio a De la Vega pero lamentó que "ni ha contestado ni ha actuado, como demostró en el pleno municipal al oponerse el PSOE a cumplir la ley".

"restituir la legalidad vulnerada"

En el escrito dirigido a la Delegación del Gobierno, los senadores solicitan que se adopten las medidas legales oportunas para "restituir la legalidad vulnerada", puesto que destacan que el delegado del Gobierno en la Comunitat, Ricardo Peralta, "tiene competencias sobre el control de legalidad de los actos de los ayuntamientos". Al respecto, aseguran que en Beneixida "no se está aplicando la ley, porque no se quieren enfrentar a la vicepresidenta quien, que por el cargo que ostenta, debería dar ejemplo al resto de ciudadanos".

A la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía, a quien también corresponde las competencias en administración local, los senadores han solicitado que se le requiera el expediente completo de empadronamiento para así ver si se cumple la ley de Bases de Régimen Local en su art 65.1 y 2.

Asimismo, piden la impugnación directa del acto o acuerdo de Pleno y, si consideran oportuno, que se solicite un informe al Consejo Jurídico Consultivo para "que se aclare si el empadronamiento se ajusta a derecho, así como los actos del ayuntamiento".

Por último, Agramunt manifestó que hace tres años que De La Vega "decidió cambiarse de domicilio para votarse en las elecciones generales y aún estamos esperando que visite Beneixida otro día diferente al de las elecciones, porque de todos es sabido que cuando está en Valencia duerme en un hotel de cinco estrellas", concluyó.