Según el auto, con fecha de 12 de febrero de la sección primera de la Audiencia Provincial, contra el que no cabe recurso ordinario alguno, tanto el citado Larrazabal como Alexander Albizu, responsable de Excavaciones Baranda, mantienen su situación de imputados por una causa penal iniciada con una denuncia presentada por la Asociación Naturalista 'Txipio Bai'.

En un comunicado, este colectivo ecologista señaló que la denuncia fue presentada por presuntos delitos ecológico y de tráfico de influencias y/o prevaricación ocurridos en Barrika.

'Txipio Bai' recordó que los hechos se remontan a finales del año 2002, cuando Jon Larrazabal Ugarte, constructor y presidente de la Junta Municipal del PNV de Barrika en aquel momento, solicitó licencia "para acondicionamiento de terreno para plantación de viñedos" en Muriola (terrenos limítrofes con la playa nudista y Barrikabaso).

Posteriormente, en 2004, presentó una modificación a su solicitud para realizar vertidos por un volumen cercano a los 70.000 m3, al tiempo que solicitó la transmisión de la licencia que tenía a la empresa Excavaciones Baranda S.A..

Para 'Txipio Bai', diversos informes oficiales confirmaron que en la zona se vertieron escombros procedentes de derribos o demoliciones, tejas y hormigón, así como "tierras procedentes de excavaciones de diversas obras de Barrika (Barrikabaso, Artepeta, etc...) donde el solicitante de la licencia —Jon Larrazabal— ejerce de contratista", así como "tierras susceptibles de estar contaminadas".