Toshikazu Sugaya, un ciudadano japonés, lleva los últimos 17 de sus 63 años de vida encerrado en una celda siendo inocente. El motivo, una prueba de ADN defectuosa, que lo incriminó en el asesinato de una niña.

La condena, revisada y anulada ahora por un nuevo tribunal, se basó en esta prueba pericial y en una supuesta autoinculpación que ha resultado ser una falsificación. Ahora, el juez que le ha puesto en libertad se ha visto en la obligación de pedir disculpas porque el anterior tribunal "no le escuchó".

El caso de Sugaya trasciende más allá de su situación particular, ya que en base a este hecho, las autoridades judiciales niponas podrían verse obligadas a revisar las condenas basadas en pruebas e interrogatorios como los que incriminaron y llevaron a la cárcel al japonés ahora liberado.

A Toshikazu Sugaya, conductor de autobuses, lo detuvieron a finales de 1991, acusado del asesinato de una pequeña de cuatro años que había sido hallada muerta en un río de su localidad, Ashikaga, en el la zona central de Japón.