PP-A reclama a la Junta que se apruebe de manera "urgente" la Ley de Inclusión Social que prometió en el año 2000

La portavoz del PP-A, Rosario Soto, pidió hoy aprobar de manera "urgente" la Ley de Inclusión Social, "prometida por el Gobierno socialista en el año 2000", porque "lamentablemente hay una crisis social en la región" tras haber hecho público un informe el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, en el que detalla que ha recibido en 2009 el mayor número de quejas de la historia, 6.245, con la crisis económica como tema transversal.
Rosario Soto
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Al respecto, la dirigente 'popular' insistió en rueda de prensa en la "necesidad" de que se apruebe la citada ley para "las personas más desfavorecidas", porque, según detalló Soto, "hay más de 400.000 familias que no reciben un solo euro a final de mes", lo que suponen "dramas personales".

En este sentido, Soto recordó que su formación insiste en "hablar de personas y no sólo quedarse en los números", mientras, "el PSOE ha abandonado a esas personas en el momento que más necesitan el apoyo de la Administración Pública", lamentó.

Ante ello, pidió que se apruebe "lo antes posible la prometida ley", y mostró el "apoyo" del PP a "todas las personas que pasan por malos momentos".

Cabe destacar que el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, reclamó ayer a la Junta de Andalucía que agilice los trámites para la concesión del ingreso mínimo de solidaridad o salario social dirigida a personas en riesgo de exclusión social ante la "dificultad de muchas familias andaluzas para sobrevivir" como consecuencia de la crisis económica.

Chamizo, quien hizo entrega a la presidenta del Parlamento Andaluz, Fuensanta Coves, del Informe Anual de la institución correspondiente a 2009, integrado por el mayor número de quejas de la historia de la institución, 6.245, pidió que los plazos para que los solicitantes reciban estas ayudas —de 368,88 euros al mes durante seis meses—, se reduzcan de los seis meses actuales a dos "como máximo".

También insistió en que se apruebe "de una vez por todas" la Ley de Inclusión Social, que sustituirá esta figura por la de la renta básica y que se encuentra aparcada actualmente por el Gobierno andaluz 'sine die'.

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