Según informó el conseller de Vivienda y Obras Públicas, Jaume Carbonero, mediante la aprobación del Decreto se pretende introducir una serie mínima de modificaciones legales para resolver problemas muy concretos pero que son necesarios para impulsar la actividad económica con implicaciones ambientales.

En el caso del antiguo acuartelamiento de Sa Coma en Eivissa, que tiene una inversión prevista de 50 millones de euros, el Decreto ordena el sistema general de equipamientos e infraestructuras porque los edificios e instalaciones preexistentes se puedan rehabilitar y asignar unos usos provisionales mientras el Consell Insular aprueba el plan especial.

Esto permitirá adelantar las obras, crear o mantener puestos de trabajo y paliar el déficit histórico en infraestructuras de carácter autonómico y supramunicial que sufre Eivissa. Así, se podrá ubicar desde un campus universitario hasta un centre de emergencias o unas instalaciones deportivas.

Además, el Decreto ley también permite implantar infraestructuras de interés insular que estén justificadas por razones ambientales, como es el caso de la nueva depuradora de Vila.

En el caso de Menorca, con una inversión prevista de 7 millones de euros, la delimitación y declaración de utilidad pública del Centro de Interpretación de la Reserva de la Biosfera de s'Enclusa, en Ferreries, hace posible la expropiación del camino de acceso al equipamiento y posibilita la titularidad pública y la urgente ocupación de los terrenos.

En cuanto a Mallorca, Carbonero indicó que el artículo 3 permite de forma transitoria y provisional otorgar licencias para viviendas unifamiliares sin que éstas se hayan conectado al servicio de alcantarillado, siempre que lo hagan en un plazo máximo de dos años y con una serie de condiciones.

Así, se tendrá que avalar el coste de la instalación del alcantarillado, durante el primer año, en los casos de urbanizaciones sin alcantarillado, los ayuntamientos tendrán que aprobar un proyecto de dotación de servicios en el que se incluya la red de aguas residuales y la conexión a un sistema de depuración. Además, durante el segundo año, se deberá ejecutar y poner en marcha el servicio de alcantarillado, y, al acabar los dos años de plazo, todas las edificaciones tendrán que estar conectadas al sistema de alcantarillado y depuración.

Asimismo, todas las licencias de las edificaciones sometidas a estas condiciones tendrán que tener un informe previo favorable de la Dirección General de Recursos Hídricos.

El Govern cree que la posibilidad de otorgar licencias en estos ámbitos ayudará a dinamizar las empresas del sector de la construcción. Además, este "estímulo" tiene todas las garantías ambientales porque la previsión sólo afecta sectores con un uso predominante residencial y de tipología unifamiliar y porque siempre habrá un control previo de la administración en materia hídrica.